León también cuestionó la promesa de anonimato ofrecida por la plataforma. Explicó que, desde el punto de vista técnico, ningún sistema conectado a internet garantiza un anonimato absoluto, ya que cada interacción deja rastros digitales.
La vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, también cuestionó que la crisis económica y la confrontación política hayan desplazado de la agenda estatal los temas relacionados con protección social y derechos humanos.
El reporte da cuenta de que las muertes violentas dentro de las cárceles se duplicaron en un año: de nueve asesinatos u homicidios registrados en 2024 se pasó a 18 casos en 2025.
López denunció que las víctimas enfrentan obstáculos constantes cuando presentan denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debido a observaciones procesales y plazos reducidos que terminan favoreciendo el cierre de
Según denunciaron, abogados de algunos liberados llegan incluso con montos de entre 500 y 800 bolivianos para acelerar trámites nocturnos y evitar retrasos deliberados.
En su evaluación, la CIDH determinó que la recomendación clave referida a estos hechos —investigar, juzgar, sancionar y reparar— permanece en estado “pendiente de cumplimiento”.
Respecto a la posibilidad de un juicio de responsabilidades, Inca consideró poco probable su viabilidad debido a la falta de los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa.
Entre sus principales demandas, la organización exige una reparación integral e inmediata para las personas afectadas, que incluya la restitución total de los daños, indemnizaciones por lucro cesante y la cobertura de todos los gastos derivados.
En cuanto a la alimentación, el 21% no proporciona ningún tipo de comida, el 28% no ofrece cena y el 93% no brinda refrigerio nocturno durante las guardias.
Las denuncias suelen involucrar a personas detenidas, manifestantes y sectores en situación de vulnerabilidad, con limitado acceso a defensa legal, lo que refleja relaciones de poder y desigualdad estructural.
Otro de los ejes centrales es la asignación de presupuesto específico para la capacitación continua de operadores de justicia —fiscales, jueces y policías— en investigación forense basada en evidencia, derechos humanos y enfoque de género.
El diagnóstico también revela graves falencias en infraestructura, especialmente en zonas rurales y fronterizas como Desaguadero, Caranavi, Puerto Quijarro y Llallagua, donde se registran celdas sin ventilación, iluminación ni acceso a energía.
Como resultado, al menos 12 municipios asumieron compromisos institucionales para fortalecer acciones de prevención y protección, reconociendo que estas uniones responden a desigualdades estructurales y patrones socioculturales arraigados.
