El apicultor dijo que su corazón estaba bien, pero le comenzó a doler de una forma rara desde el 17 de julio de 2014, cuando fue sometido a una cruel tortura a manos de policías y militares, instituciones que han naturalizado este delito.
Para el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), dependiente de la fiscalía, los daños sufridos por Apaza no significan días de impedimento laboral, según se lee en la valoración médica realizada.
EXCLUSIVA. Tóásó y otros ciudadanos demandaron al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que estableció que durante el proceso contra ellos se cometieron "graves violaciones de derechos".
El falló ordenó al Estado uruguayo la indemnización de 230.000 dólares a Melgar porque permaneció 1.351 días preso en Uruguay, a la espera de una extradición tramitada por Bolivia.
Mollo también cuestionó la poca ayuda de la Defensoría del Pueblo para una persona con los derechos vulnerados, que se le niega de forma reiterada la libertad y se le acusa por un delito que no cometió.
Durante el gobierno de Evo Morales, Melgar fue acusado de financiar al grupo de Rozsa Flores, que fue desarticulado en un violento asalto al Hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 2009.
La CIDH observa que la definición del Código Penal en su artículo 295 no describe los actos constitutivos de “vejaciones, tormentos y torturas” ni contempla la responsabilidad penal de personas actuando por instigación, consentimiento o
Además, la detención preventiva de una persona “no debe prolongarse por un periodo más allá del cual el Estado pueda dar una justificación adecuada de su necesidad, de lo contrario la privación de libertad se torna arbitraria”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que existe el compromiso de trabajar con la CIDH y que la agenda que propone ese organismo será exitoso en tanto el trabajo sea en unidad.
La CIDH emitió su informe: "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia". Hace notar que la división entre quienes sostienen la narrativa del fraude y del golpe de Estado es la causa más visible de la
A fines de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo realizó una visita sorpresa en el CRVIR debido a quejas y denuncias recibidas sobre la atención y dotación de medicamentos para pacientes que viven con el VIH.
Giavarini estimó que de cada 10 personas que llegan a la Casa Kantuta, donde son acogidos, “normalmente 6 personas logran de alguna manera ubicarse, encontrar una red subjetiva, un trabajito, aterrizar con el paracaídas sin lastimarse”.
