La Paz, 12 de mayo de 2026 (ANF).- La Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras y Víctimas de la Violencia Política denunció un retroceso en las políticas de atención y reparación para las víctimas de las dictaduras y de la violencia política en Bolivia. Su presidenta, Victoria López, afirmó que los compromisos asumidos por el Estado no se están cumpliendo y advirtió que la desaparición de espacios institucionales especializados ha dejado a los afectados en una situación de mayor indefensión.
“No se está cumpliendo nada”, sostuvo López a ANF al describir el escenario actual para los sobrevivientes y familiares de víctimas. Según indicó, lejos de existir avances, la situación “está peor que antes” en la nueva gestión, debido a la falta de interlocutores estatales y al cierre de las instancias que antes canalizaban sus demandas.
Entre las principales observaciones de la dirigente se encuentra el desmantelamiento institucional relacionado con derechos humanos. Explicó que, tras el cambio de gobierno, la oficina que utilizaban en el edificio Ayacucho fue cerrada y que la desaparición del Ministerio de Justicia dejó los temas vinculados a memoria, reparación y derechos humanos bajo el viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos a cargo de Yamil García, con el que, asegura, no han logrado establecer contacto.
López señaló que actualmente las gestiones dependen del Ministerio de la Presidencia, aunque hasta ahora no consiguieron reuniones ni con el presidente ni con autoridades de esa cartera. “No tenemos puertas abiertas”, resumió.
La dirigente también cuestionó la paralización de la comisión encargada de revisar los expedientes tramitados bajo la Ley 1568, normativa impulsada durante la anterior administración para atender procesos de reparación. Según explicó, la comisión nunca presentó un informe final y tampoco fue reconstituida, lo que mantiene estancados numerosos casos de víctimas que esperan resoluciones desde hace años.
A este escenario se suma, según la Plataforma, la creciente burocratización de los procesos judiciales. López denunció que las víctimas enfrentan obstáculos constantes cuando presentan denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debido a observaciones procesales y plazos reducidos que terminan favoreciendo el cierre de causas.
“Nos sentimos muy desprotegidos”, afirmó. Indicó que en algunos casos, cuando la Fiscalía realiza observaciones, las víctimas reciben apenas 24 horas para subsanar requisitos antes de que el caso sea archivado, situación que —dijo— pone en riesgo a personas que ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Pese a sus críticas, López destacó la apertura del actual fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, a quien calificó como una autoridad accesible que ha recibido a representantes de la Plataforma para intentar reactivar procesos pendientes. Sin embargo, sostuvo que el avance de los casos también depende de la actuación de otras instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo.
Caso Julio Llanos
Uno de los casos que la organización considera emblemáticos es el de Julio Llanos, expresidente de la Plataforma, fallecido como consecuencia de las protestas registradas el 29 de enero de 2019 cuando resultó agredido por funcionarios públicos que apoyaban a Evo Morales. López cuestionó la demora en la identificación y sanción de los responsables, algunos de los cuales —según señaló— eran funcionarios vinculados al Ministerio de la Presidencia.
La Defensoría del Pueblo informó sobre este proceso, a solicitud de ANF, que detectó graves dilaciones e inactividad procesal por parte del Ministerio Público. De acuerdo con el reporte defensorial, el caso permanece aún en etapa preparatoria, pese a que los hechos ocurrieron hace más de siete años.
El documento señala que en mayo de 2022 se emitió una imputación formal contra Félix L. C. y Leoncio C. V. por el delito de homicidio en grado de complicidad. Sin embargo, mientras Leoncio C. V fue notificado recién en mayo de 2024, la notificación de Félix L. C. continuaba pendiente hasta inicios de 2026.
El informe también menciona que el 3 de enero de 2025 se emitió una resolución de rechazo a favor de Edmundo Juan Carlos N. A., aunque dicha decisión aún no había sido notificada formalmente a las partes. Asimismo, la Defensoría observó que respecto a otros cuatro investigados —Raúl E. F., Rodrigo M. Ll., René P. A. y Teodoro M.— el fiscal asignado al caso, Grover Calle Flores, inicialmente afirmó desconocer la situación jurídica de los sindicados.
Ante estas irregularidades, la Defensoría abrió procesos de seguimiento de oficio en 2022 y nuevamente a finales de 2025 para monitorear el avance de las investigaciones. También remitió requerimientos formales al Fiscal Departamental de La Paz exigiendo información actualizada sobre el estado del proceso y las actuaciones investigativas realizadas.
El 10 de abril de 2026, la institución solicitó al juzgado competente un control jurisdiccional contra el fiscal del caso debido a la inactividad detectada respecto a varios sindicados. Cinco días después, el juzgado emitió dicho control con el objetivo de resguardar los plazos procesales y evitar mayores retrasos.
Además, la Defensoría pidió informes ampliatorios para conocer qué medidas concretas se estaban aplicando para impedir nuevas dilaciones. Según el reporte, el fiscal justificó parte de la demora alegando una elevada carga laboral, explicación que fue cuestionada por la institución defensorial al considerar que no puede vulnerarse el derecho de las víctimas a una justicia pronta y oportuna.
Para la Plataforma de Sobrevivientes, la situación del caso Julio Llanos refleja un problema estructural más amplio: la ausencia de políticas públicas sostenidas para garantizar verdad, justicia y reparación.
López sostuvo que la desaparición de instancias especializadas y la falta de voluntad política han dejado a las víctimas “sin interlocutores válidos” y con procesos paralizados que se extienden durante años sin resultados concretos.
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