El falló ordenó al Estado uruguayo la indemnización de 230.000 dólares a Melgar porque permaneció 1.351 días preso en Uruguay, a la espera de una extradición tramitada por Bolivia.
Mollo también cuestionó la poca ayuda de la Defensoría del Pueblo para una persona con los derechos vulnerados, que se le niega de forma reiterada la libertad y se le acusa por un delito que no cometió.
Durante el gobierno de Evo Morales, Melgar fue acusado de financiar al grupo de Rozsa Flores, que fue desarticulado en un violento asalto al Hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 2009.
La CIDH observa que la definición del Código Penal en su artículo 295 no describe los actos constitutivos de “vejaciones, tormentos y torturas” ni contempla la responsabilidad penal de personas actuando por instigación, consentimiento o
Además, la detención preventiva de una persona “no debe prolongarse por un periodo más allá del cual el Estado pueda dar una justificación adecuada de su necesidad, de lo contrario la privación de libertad se torna arbitraria”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que existe el compromiso de trabajar con la CIDH y que la agenda que propone ese organismo será exitoso en tanto el trabajo sea en unidad.
La CIDH emitió su informe: "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia". Hace notar que la división entre quienes sostienen la narrativa del fraude y del golpe de Estado es la causa más visible de la
A fines de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo realizó una visita sorpresa en el CRVIR debido a quejas y denuncias recibidas sobre la atención y dotación de medicamentos para pacientes que viven con el VIH.
Giavarini estimó que de cada 10 personas que llegan a la Casa Kantuta, donde son acogidos, “normalmente 6 personas logran de alguna manera ubicarse, encontrar una red subjetiva, un trabajito, aterrizar con el paracaídas sin lastimarse”.
El trabajo sexual, al no ser reconocido como un oficio en las leyes, quienes lo ejercen carecen de todos los derechos laborales y por el estigma se les restan más derechos fundamentales.
Callisaya informó también que de las 18 oficinas del IDIF que estaban abiertas en el momento de la verificación realizada por la Defensoría del Pueblo, solamente 11 cuentan con psicólogo forense.
La autoridad del Ejecutivo en relación a ese encuentro de diferentes instituciones en torno al Comité pro Santa Cruz, sostuvo que se ha demostrado que existe un “total racismo” en ese departamento.
El retraso en el pago del prediario es otro problema reiterativo y responsabilidad de la Gobernación del Beni. Los retrasos son de hasta tres meses y afectan a las privadas de libertad que cuentan con ese dinero para comer tres veces al día.
Giavarini indicó que muchas personas que dejaron la cárcel sufren por el estigma de haber estado presas y les es casi imposible conseguir un trabajo para mantener a sus familias.