César Apaza se encuentra postrado en su cama porque la mitad de su cuerpo se encuentra paralizado; mientras que Rosalba Vargas se encuentra mal de las rodillas y los riñones.
El material periodístico refleja los niveles de tortura que sufre, principalmente, el exdirigente César Apaza, quien se encuentra encarcelado desde el año pasado y yace en una cama por las secuelas de una hemiplejia
El 29 de octubre de 2019 ocurrió el tercer atentado. Militantes del MAS, en una marcha de apoyo a Evo Morales, agredieron físicamente y derribaron al presidente de la plataforma Julio Llanos. Resultado de la agresión, un mes después falleció.
Valda remarcó que desde el 19 de junio se ordenó la internación de Apaza y hasta el presente por los informes de la médica carcelaria Mariana García, que señaló que César Apaza solo necesita un tratamiento ambulatorio, no es tratado.
Limpias indicó al respecto que “cualquier denuncia que llega a la administración penitenciaria es atendida y sobre todo con resultados como corresponde".
Mediante estos mecanismos, remarcó, los quieren obligar a ambos a que se declaren culpables, porque “al presente eso es lo que están generando de forma constante, los están presionando con chantajes”.
La Defensoría constató en visitas realizadas a los recintos penitenciarios la presencia de internos con trastornos mentales, en algunos casos severos, que no reciben la atención especializada, menos aún un tratamiento psiquiátrico
Las declaraciones contradicen las aseveraciones de los funcionarios de Régimen Penitenciario que se refieren a atención médica 24/7 en algunos centros carcelarios. Los internos de algunas cárceles del país dan fe de la pésima calidad de la
La psicóloga Tania Viscafé reconoció que en los recintos penitenciarios donde hay internos con mayores años de sentencia como Chonchocoro, lo que se hace es trabajar en el cuidado de la salud mental y no tanto en la rehabilitación.
Internas de las cárceles de Miraflores, en La Paz, y San Sebastián de Mujeres, en Cochabamba, denunciaron la vulneración del derecho a la educación por parte de las autoridades carcelarias y judiciales.
