La mayoría de las muertes se produjeron por la falta de atención médica oportuna, incluso en pacientes con cáncer que, debido a los cortes de ruta, no pudieron llegar a los centros médicos.
El documento menciona además casos de violencia ocular provocada por el uso de agentes “no letales” y exige reformas estructurales para fortalecer la protección de derechos humanos.
Quispe mencionó testimonios de detenidos que pasaron entre 6 y 8 horas encerrados en vehículos sin matrícula, dando vueltas por la ciudad sin que se conociera su paradero, antes de ser finalmente remitidos a una dependencia oficial.
Otra de las personas entrevistadas relató que fue detenida junto a una acompañante cuando intentaban grabar con sus celulares una intervención policial contra manifestantes.
Advirtió que la prolongación del conflicto podría agravar el escenario social y generar consecuencias irreversibles para sectores de la población que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La ciudadanía se pronunció en un escenario de crisis política, en medio de los pedidos de renuncia de grupos movilizados que se niegan a dialogar y negociar una agenda de demandas con el Gobierno central.
La vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, afirmó que estas intervenciones no solo afectan a manifestantes, sino también a transeúntes y ciudadanos ajenos a los conflictos.
La Oficina manifestó particular preocupación por reportes de personas fallecidas o gravemente heridas en el contexto de los bloqueos y operativos destinados a despejar las rutas en distintos departamentos del país.
Ugarte hizo un llamado a las provincias del departamento de La Paz para que tomen conciencia y se sienten en la mesa de diálogo para resolver los problemas que aquejan al país.
La resolución además dispone abrir corredores humanitarios, mientras que al Ministerio de Gobierno le ordenó restablecer la transitabilidad de las carreteras.
Las víctimas recordaron que el Decreto Supremo 4078, promulgado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, utilizó el término “pacificación” para justificar operativos militares y policiales que terminaron con decenas de fallecidos y
Bravo señaló que términos como “hordas salvajes” u “ovejas” son empleados para deshumanizar a quienes participan en protestas sociales, reduciéndolos simbólicamente a un estado animal y negándoles capacidad de pensamiento propio.
El defensor fue enfático al señalar que “toda medida de presión en un estado democrático debe considerar límites claros, cuando las consecuencias comienza a vulnerar los derechos humanos esenciales”.
León también cuestionó la promesa de anonimato ofrecida por la plataforma. Explicó que, desde el punto de vista técnico, ningún sistema conectado a internet garantiza un anonimato absoluto, ya que cada interacción deja rastros digitales.
La vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, también cuestionó que la crisis económica y la confrontación política hayan desplazado de la agenda estatal los temas relacionados con protección social y derechos humanos.
El reporte da cuenta de que las muertes violentas dentro de las cárceles se duplicaron en un año: de nueve asesinatos u homicidios registrados en 2024 se pasó a 18 casos en 2025.
