La Fundación Construir espera que las autoridades prioricen la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad y que promuevan alternativas a la prisión para delitos menores.
Según un reporte de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, hasta el 31 de diciembre de 2024, la población privada de libertad en Bolivia alcanzó las 32.035 personas, de las cuales 18.807 (58,71%) están en detención preventiva.
Internos del penal de San Pedro dieron testimonio de la realidad dura que les toca vivir, y que cada día se agudiza más por la falta de alimentos. Julio, uno de los privados de libertad, relató que la crisis se siente “muy fuerte” dentro del
Según el CEDIB, el 54% de los casos de vulneraciones están relacionados con la minería, mientras que el 56% están asociados al agronegocio y la mercantilización de tierras.
El representante Regional Adjunto para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Xavier Mena, recordó que en el Cuarto Examen Periódico de Derechos Humanos se recomendó al Estado boliviano adoptar medidas de protección.
Uno de los casos recientes mencionados por Ledezma es el de Juan L., una presunta víctima de tortura cuyas evaluaciones médicas fueron solicitadas por el MNPT debido al rezago de las autoridades pertinentes.
Los días 13 y 15 de febrero en la página oficial de Facebook del Ministerio de Gobierno, se puede apreciar a personas detenidas siendo exhibidas, a pesar de la resolución constitucional del 6 de febrero que prohíbe esa práctica.
El representante de las víctimas de Senkata señaló que el conflicto interno entre los seguidores de Evo Morales y de Luis Arce ha complicado aún más la aprobación de la ley.
Miranda indicó que en el caso de los defensores de la reserva de Tariquía denunciarán sobre la continuidad del proceso penal en contra de los defensores y la escalada de la vulneración de derechos humanos.
El denunciado pidió disculpas a su colega de la Cámara de Diputados e indicó que sus declaraciones fueron tergiversadas por algunos medios de comunicación.
Con el fin de que ese hecho no se repita, la sala señaló que no pueden presentar a ninguna persona aprehendida; salvo la fotografía de aquellas que se encuentren prófugas de la justicia, desaparecidas o capturadas en flagrancia.
Juristas coincidieron que el ministro de Gobierno vulnera los derechos de los detenidos al exponerlos públicamente sin pruebas en un intento de obtener aprobación social.
A pesar de las constantes muertes en los centros penitenciarios del país, Quiroz manifestó que hasta la fecha no se ha registrado una reclamación formal que logre un precedente legal.
Según Ledezma, estudios han demostrado que los interrogatorios basados en la fuerza y la amenaza son menos eficientes, debido a que la víctima quiere librarse rápidamente de ese nivel de estrés.
Callizaya enfatizó que "la exhibición pública de detenidos es una práctica retórica que sacrifica derechos humanos en aras de una falsa percepción de seguridad".
“Me han mellado mi dignidad, la gente me ve, y me dicen, este es el delincuente, y no puedo trabajar como antes”, relató en un testimonio brindado el 2024. Del Castillo dijo que la exposición ha reducido los feminicidios
