Veltzé también considera que el gobierno mediante su bancada quiere acelerar en Comisiones la aprobación de los contratos y tardíamente opta por la socialización de sus alcances.
Cuestionó que YLB haya aceptado pagar las regalías al departamento de Potosí, cuando la empresa explotadora de las salmueras debía ser la que pague, tal como establece la ley minera.
Velasco afirmó que la medida dispuesta por el Ejecutivo fue errónea, consideró que se debe evaluar con los sectores involucrados cuáles son los problemas para el encarecimiento del producto y el desabastecimiento.
El jefe de Estado recurrentemente culpa a los anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo por la actual crisis, pero olvida que fue ministro de Economía desde el 2006 hasta el 2019.
Los estudios de evaluación e impacto medioambiental serán realizados por consultorías independientes que estarán sometidos a auditorías, según el viceministro.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo piden el uso pleno de biotecnología para aumentar el rendimiento de la producción en la misma superficie.
El viceministro señaló que ya tuvieron acercamientos con las autoridades de Oruro en el que se informó sobre el proyecto quienes se vieron interesados y prestos para la socialización.
Algo adicional que resaltan las dos fundaciones es que las comunidades a las que se les aplicaría la consulta previa, libre e informada serían afectadas en el uso del agua que tienen actualmente.
El diputado Guillermo Benavidez advirtió que existe una mezcla de dos formas contractuales, primero se usan parámetros de un convenio petrolero y por otra la Ley de Minería.
Juan Carlos Solón insiste que los dos contratos con las empresas CBC (China) y Uranium One Group (Rusia) son incompletos, confusos e incongruentes. Las obras del MAS con Evo Morales para la producción de litio no tuvieron resultados positivos.
La cláusula cinco de ‘plazos del contrato’ indica que la empresa estatal YLB estará obligada a financiar a CBC la instalación de una “planta de extracción de salmuera de pozo”, en caso de que la “Planta de Salmuera Residual” no
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Guillermo Benavidez advirtió que esa disposición va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda inversión extranjera estará sometida a las normas bolivianas.
El diputado disidente de CC Miguel Roca señaló que el contrato es confuso, ya que el Estado boliviano se hará cargo de los riesgos técnicos que pueda existir durante la implementación de las plantas, no la empresa encargada de la explotación.