Víctor Tarqui afirmó que los choferes ya no aceptarán garantías verbales del Gobierno y demandó pruebas técnicas concluyentes sobre la calidad del combustible.
La reducción de sueldos de la clase política y de los funcionarios fue uno de los pedidos de los sectores movilizados, pero muchos legisladores rechazaron esa idea indicando que esa medida no solucionaría la crisis económica.
Consideró que el Consejo Económico y Social, instancia destinada a socializar las reformas que prevé impulsar el Gobierno e incorporar a “todos los sectores” en su gestión, así como el cambio de ministros, no garantizan la gobernabilidad.
Patiño señaló que el kilo de pollo habría sido adquirido a 14 bolivianos, pero vendido posteriormente a 35 bolivianos en La Paz. “¿Cuál ayuda humanitaria? Por favor, seamos claros”, cuestionó la diputada.
Lamentan que el Gobierno no haya asumido acciones concretas para garantizar la libre transitabilidad de los motorizados y esperan que en los próximos días se llegue a una solución que pacifique el país.
Tarqui explicó que la paralización prolongada ha dejado a cientos de familias sin ingresos y con crecientes deudas bancarias, alquileres impagos y obligaciones financieras acumuladas.
La Cámara Nacional de Industrias alertó que se pone en riesgo las fuentes laborales de miles de trabajadores debido a las pérdidas económicas que registra cada empresa, y consideró que el daño es irreversible.
Shwortshik sostuvo que las pérdidas económicas son “gigantescas”, debido a que la paralización impide producir y despachar cemento hacia distintos departamentos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de laboratorios especializados en Bolivia capaces de realizar análisis multi residuos de plaguicidas.
El especialista también consideró estratégico recuperar y rehabilitar la planta estatal de Vinto Antimonio, revertida al Estado en 2010 luego de haber sido abandonada por la empresa canadiense Glencore.
El Gobierno se comprometió abrogar el Decreto Supremo 5615 que declaró reserva fiscal minera el área de Chuquihuta de la provincia Rafael Bustillo; y de Pocoata de la provincia Chayanta, en Potosí.
