El abogado Williams Bascopé dijo que existe un "conflicto de intereses" cuando un juez o vocal que fue candidato en las judiciales, después de ser inhabilitado se pronuncia sobre la preselección.
El proyecto de ley fue presentado por el senador Luis Adolfo Flores y planteó la incorporación de un párrafo al Código de Procedimiento Constitucional.
El vocal Clavijo se postuló al TCP, pero fue inhabilitado; este miércoles dispuso medidas cautelares e instruyó que la Comisión Mixta de Constitución deje en "estatu quo" el proceso de preselección.
El proceso de las elecciones judiciales quedó paralizado desde la anterior semana por una acción de amparo constitucional que ofreció tutela a una candidata que denunció vulneraciones a sus derechos.
El jurista indicó que el Estado boliviano, para que no vuelva a repetir este tipo de actos, debe indemnizar a Dana Palavecino con un millón y medio de dólares por el daño a la imagen; y en el caso de Reynaldo Chura, con tres millones de dólares.
El julio se cumplirán 44 años de búsqueda de justicia de la familia de Flores que pese al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en octubre de 2022 no se concreta por el cumplimiento del Estado.
Además, resaltó que, durante la intervención, el grupo armado atacó a los policías, figura cuestionada por la CIDH, y los uniformados supuestamente respondieron usando sus armas.
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, calificó como aberrante convocar a los más de 400 postulantes para que participen en la audiencia de amparo constitucional.
El proyecto también enfatiza la importancia de las medidas de compensación, satisfacción y no repetición para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos, así como la prohibición de la conciliación en casos de tortura o tratos inhumanos.
Inca dijo que como asociaciones de víctimas se han puesto la meta de que hasta junio sea aprobado el proyecto de Ley, "pero nos están alargando por sus problemas internos entre arcistas y evistas, ni siquiera le podemos echar la culpa a la
Una batería de 158 preguntas que serían para el examen oral en el marco de la preselección a las elecciones judiciales empezó supuestamente a circular entre los postulantes.
Por ahora el proceso está paralizado por efecto de una acción de amparo y las medidas cautelares dispuestas por un tribunal, las comisiones mixtas estaban a punto de ingresar al examen oral.
El jurista indicó que, luego de una valoración técnica y jurídica en materia constitucional, decidieron rechazar los amparos constitucionales como recursos para suspender el proceso de la elección judicial.
