De acuerdo a la Ley 1579 Transitoria de Elección y Designación del Fiscal General del Estado, aquellos que no hayan obtenido 20 votos serán descartados para la siguiente votación. Es decir, Alave y los otros siete postulantes quedaron fuera.
Verduguez recordó que en varias ocasiones observaron el desarrollo de la preselección, la aplicación de la norma, falta de criterios por parte de las comisiones al momento de revisar los requisitos y evaluar a los postulantes.
William Alave y el presidente de Diputados, Israel Huaytari, se reunieron en un restaurante, al respecto, Padilla afirmó que genera desconfianza en el proceso y señaló que la Asamblea Legislativa debe tomar una decisión.
La jornada pasada se conoció que la Sala Constitucional Tercera de El Alto concedió una tutela de acción de cumplimiento en la que instruyó al TSE que continúe con el desarrollo de las elecciones judiciales.
El abogado del TSE recordó que esa instancia no incumplió con la norma electoral ni con la Ley 1549 que garantiza las elecciones judiciales, además aclaró que se desarrollaron las actividades del calendario electoral.
La jornada pasada, la Sala Constitucional Tercera de El Alto concedió una medida cautelar para que el TSE siga con la organización y administración de las elecciones judiciales.
Israel Campero, otro de los postulantes al TCP también se pronunció y señaló que, con otros postulantes, están analizando presentar denuncias administrativas o penales.
La Sala Constitucional de Pando declaró “desierta” la convocatoria para elegir a los jueces al TSJ y del TCP; el TSE calificó la determinación como un “golpe a la democracia”.
Las tutelas ordenan que el TSE devuelva las listas a la Asamblea Legislativa y esa instancia las remita nuevamente a las comisiones mixtas para que elijan a los candidatos bajo los requisitos establecidos.
El presidente de la comisión mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, admitió que existían problemas con las preguntas y que fueron observadas por los postulantes.
El abogado constitucionalista Jorge Quiroz observó que las actuales condiciones no garantizan la elección de un fiscal general independiente del poder político.
