La Paz, 26 de junio de 2026 (ANF).- En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Coalición Ciudadana contra la Tortura, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), además de otras organizaciones y personas particulares, emitieron un pronunciamiento en el que alertan sobre una crisis de derechos humanos en Bolivia y demandan acciones para garantizar verdad, justicia, reparación y respeto a la dignidad humana.
El documento plantea la necesidad de reconstruir el tejido social a partir de la memoria histórica y el compromiso de evitar que hechos de violencia vuelvan a repetirse. Entre sus principales demandas están el cese de las detenciones arbitrarias, el respeto a la presunción de inocencia y el desarrollo de investigaciones independientes sobre denuncias de tortura.
Las organizaciones recordaron que las víctimas deben acceder a una reparación integral basada en cinco medidas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): restitución, rehabilitación médica y psicológica, actos de satisfacción y reconocimiento público, garantías de no repetición e indemnización compensatoria por los daños ocasionados.
El pronunciamiento también cuestiona la difusión de discursos que criminalizan la protesta social y presentan a los manifestantes como una amenaza colectiva, lo que —según el documento— contribuye a justificar prácticas represivas e invisibiliza vulneraciones contra poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Con base en informes técnicos del ITEI, las organizaciones denunciaron prácticas como perfilamiento racial, detenciones masivas basadas en rasgos físicos o vestimenta tradicional, aprehensiones sin información sobre sus motivos y el uso de la justicia penal para impulsar acusaciones sin respaldo suficiente.
En mayo y junio de este año se registraron bloqueos de caminos y movilizaciones de sectores radicales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, muchas de estas manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía que resguardaba Plaza Murillo. Ante las agresiones a uniformados, periodistas y ciudadanos, las fuerzas del orden detuvieron a decenas de protestantes que después fueron liberados, casi en su totalidad.
Las organizaciones contra la tortura indicaron que durante esos días se registraron agresiones físicas, condiciones de hacinamiento y afectaciones psicológicas derivadas del accionar policial y militar, calificadas como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo que exigen reformas estructurales para fortalecer la protección de derechos humanos.
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