La Paz, 31 de mayo de 2026 (ANF).- Diversas organizaciones y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por la actuación policial durante los recientes conflictos y movilizaciones en el país, denunciando un uso excesivo de la fuerza, vulneraciones al debido proceso, detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura contra personas arrestadas en operativos de control y desbloqueo.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), activistas, abogados defensores y representantes de víctimas coincidieron en advertir, en declaraciones a ANF, que las acciones policiales muestran patrones de amedrentamiento y criminalización de la protesta social, mientras la Defensoría del Pueblo informó que trabaja en un informe general sobre el conflicto y sus implicaciones para los derechos humanos.
La directora de la organización no gubernamental ITEI, Emma Bravo, dijo a ANF que las fuerzas del orden han “perfeccionado” mecanismos de intimidación respecto a anteriores crisis políticas y sociales, como la de 2019. La institución denunció que las detenciones masivas ya no alcanzan únicamente a personas movilizadas, sino también a ciudadanos ajenos a las protestas, con el objetivo de generar temor y enviar un mensaje de castigo a la sociedad.
Según la organización, existe una supuesta lógica de criminalización de la protesta en la que las autoridades priorizan “tener culpables” antes que identificar responsabilidades individuales sobre posibles hechos violentos o daños materiales.
“Han realizado detenciones a personas que no tenían nada que ver con las movilizaciones”, agregó Bravo.
Tras visitas realizadas a dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el ITEI reportó casos de detenidos con golpes severos y denuncias sobre el uso de gases lacrimógenos a corta distancia contra personas que ya habían sido reducidas por efectivos policiales.
La institución calificó esas acciones como uso excesivo de la fuerza e incluso posibles actos de tortura, al señalar que varias víctimas presentaban problemas respiratorios y lesiones físicas visibles. Además, indicó que muchos de los abusos se producirían durante las aprehensiones en vía pública y no necesariamente dentro de las celdas policiales.
“El ITEI ha atendido y está haciendo seguimiento a 20 casos de personas detenidas durante el conflicto, de esos 20 casos, el personal de la institución pudo revisar y evidenciar lesiones físicas de manera directa en 7 personas”, señaló Bravo.
El organismo también alertó sobre una presunta estigmatización hacia sectores campesinos e indígenas. Según su evaluación, existiría un ensañamiento particular contra personas con rasgos indígenas o provenientes del área rural, lo que reflejaría una actuación más punitiva que investigativa.
“La Policía no debería actuar bajo criterios políticos"
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, coincidió en que existe un uso indiscriminado de la fuerza, especialmente mediante el empleo de gases lacrimógenos y balines disparados de forma directa y a corta distancia.
Herrera afirmó que estas intervenciones no solo afectan a manifestantes, sino también a transeúntes y ciudadanos ajenos a los conflictos. A su juicio, las operaciones policiales evidencian falta de profesionalismo y una preocupante subordinación a directrices políticas.
“La policía no debería actuar bajo criterios políticos, sino bajo parámetros estrictamente profesionales y de respeto a los derechos humanos”, sostuvo la activista a ANF, quien remarcó que defender los derechos humanos no implica exigir pasividad policial, sino actuaciones proporcionales y ajustadas a estándares internacionales.
Asimismo, observó restricciones al trabajo periodístico y a la fiscalización ciudadana de los operativos policiales. Según Herrera, efectivos policiales impiden que periodistas y civiles registren imágenes o videos durante las intervenciones, lo que podría favorecer escenarios de impunidad.
En la misma línea, David Inca, activista de derechos humanos y representante de las víctimas de Senkata, denunció un cambio en las tácticas de represión policial, señalando que actualmente los gases lacrimógenos son disparados de forma horizontal y no parabólica, con la aparente intención de impactar directamente sobre los manifestantes.
Inca afirmó que estas prácticas contravienen recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elevan considerablemente el riesgo de lesiones graves. También denunció el uso de balines “más duros” y perdigones, además de intervenciones fuera de los perímetros de seguridad establecidos.
Por su parte, el abogado Marcelo Galván, defensor de personas detenidas durante las movilizaciones y miembro del Equipo Jurídico del Instrumento Político Evo Pueblo, denunció reiteradas vulneraciones al debido proceso y cuestionó la legalidad de varios procedimientos policiales.
Galván afirmó que las requisas personales se realizan sin presencia fiscal ni de abogados defensores, rompiendo la cadena de custodia de cualquier elemento encontrado y debilitando la legitimidad de las acusaciones posteriores.
El jurista también denunció una presunta práctica de “siembra de pruebas”, asegurando que durante algunas detenciones aparecen explosivos, dinamitas o petardos en mochilas o prendas de vestir de los manifestantes sin que existan garantías sobre el origen de esos objetos.
“Es una práctica que ya se ha visto anteriormente y que genera enorme preocupación porque puede derivar en incriminaciones indebidas”, sostuvo en contacto con ANF.
El abogado, aunque reconoció que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) certifica algunas lesiones, cuestionó la objetividad de esas valoraciones médicas, al considerar que en muchos casos se otorgan impedimentos mínimos pese a la gravedad aparente de las heridas.
/FC/JA
Articulo sin comentarios
