Hace menos de un mes, Bolivia contaba puntos de bloqueo, días de protesta y pérdidas económicas; hoy, con las carreteras nuevamente transitables, la atención se ha desplazado hacia la cotización diaria del dólar, las filas que todavía persisten para conseguir diésel y los efectos que ambos problemas pueden tener sobre la producción, los precios y los ingresos.
La calma de estas semanas es real y responde al desgaste del conflicto, la fragmentación de los sectores movilizados y el rechazo que dejaron casi dos meses de bloqueos. La demanda de renuncia del presidente perdió presencia, mientras la COB, los transportistas, las organizaciones campesinas y los mineros retornaron a sus propias agendas, sin que exista por ahora un objetivo compartido capaz de reunirlos nuevamente.
Lo que se observa es una reconfiguración de la conflictividad: disminuyó la confrontación política de alcance nacional y volvieron a cobrar importancia las demandas económicas, laborales y sectoriales. Los bloqueos, además de las pérdidas directas, dejaron rezagos en el abastecimiento, la distribución de combustible y la comercialización de productos que no desaparecieron con la apertura de las carreteras y que ahora se suman a problemas anteriores. Los datos de UNIR muestran que durante el primer trimestre de 2026 el 24 % de los conflictos estuvo relacionado con la situación económica y otro 15,6 % con asuntos laborales y salariales, una composición que puede acentuarse si esas consecuencias y la incertidumbre cambiaria repercuten de manera diferenciada sobre transportistas, productores, comerciantes, trabajadores y otros sectores.
Esto no implica que cada incremento del dólar o cada fila en un surtidor vaya a producir una nueva crisis política, porque el malestar económico necesita determinadas condiciones para transformarse en una movilización capaz de afectar la gobernabilidad. Se requieren organizaciones con capacidad de coordinación, demandas que puedan presentarse como parte de un problema común, expansión territorial y una sociedad dispuesta a asumir nuevamente los costos de la protesta. Actualmente, esos elementos aparecen debilitados por el desgaste de mayo y junio, las diferencias entre las dirigencias y la resistencia social a nuevos bloqueos.
El Gobierno parece haber interpretado este escenario como una recuperación de autoridad. Rodrigo Paz busca presentarse menos como un presidente que resiste una crisis y más como uno que recuperó el control, afirmando que los bloqueos fueron derrotados y advirtiendo que habrá firmeza frente a cualquier intento de repetirlos. El mensaje probablemente conecta con una población cansada de la confrontación, aunque la siguiente prueba para el Ejecutivo será gestionar demandas que ya no forman parte de una ofensiva política articulada, pero que pueden multiplicarse si las dificultades económicas afectan a varios sectores al mismo tiempo.
Es en ese escenario que deben leerse las decisiones cambiarias y los problemas de abastecimiento. A fines de junio terminó uno de los “símbolos” de la estabilidad económica boliviana de las últimas décadas: el dólar a Bs 6,96. El nuevo sistema flexible comenzó con una cotización de Bs 9,73 y llegó a Bs 10,75 el 16 de julio, reconociendo un ajuste que ya se había producido en el mercado paralelo y que durante mucho tiempo permaneció oculto detrás de un precio oficial cada vez más ilusorio.
La publicación diaria del tipo de cambio ha generado un fuerte revuelo, aunque la cotización actual se mantiene por debajo de los aproximadamente Bs 18 que alcanzó el dólar paralelo en algunos momentos de 2025. La inquietud no proviene solamente del nivel alcanzado, sino de que la variación ha dejado de estar confinada al mercado informal y ahora forma parte de la política cambiaria oficial, por lo que empresas, comerciantes y familias observan cada actualización anticipando sus posibles efectos.
La flexibilización puede reducir la brecha con el mercado paralelo, favorecer el retorno de divisas al sistema financiero y facilitar el acceso a financiamiento externo. Sus efectos sobre los precios, sin embargo, no parten de cero: durante meses, importadores y comerciantes operaron con un dólar incluso más alto, cuyo impacto fue incorporándose a una inflación cercana al 20 % en 2025. El nuevo régimen parece reconocer que parte de ese ajuste y su efecto adicional dependerá menos del cambio formal de cotización que de la disponibilidad efectiva de divisas, la estabilidad del nuevo precio y la confianza que consiga generar.
El combustible completa este cuadro, aunque las cisternas volvieron a circular, el suministro de diésel todavía no se normalizó y durante julio algunas terminales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz redujeron sus operaciones, mientras transportistas y productores continuaron reportando dificultades para trabajar. El Gobierno atribuye la demora a los daños ocasionados por 53 días de bloqueo sobre la cadena logística, pero para quien espera durante horas frente a un surtidor la diferencia entre escasez física, fallas de distribución o retrasos logísticos tiene poca importancia práctica.
La relevancia política de estos problemas dependerá de cómo se distribuyan sus efectos. La escasez de diésel afecta con mayor intensidad al transporte y a determinadas actividades productivas, mientras la flexibilización cambiaria incide de manera distinta sobre quienes importan, comercian, reciben ingresos en dólares o dependen exclusivamente de salarios en bolivianos. Estas diferencias dificultan inicialmente una respuesta conjunta, pero pueden alimentar reclamos sectoriales si comprometen la continuidad de las actividades económicas y, especialmente, si distintos actores comienzan a atribuir sus dificultades a una misma falta de respuesta estatal.
Entonces, lo más probable en el corto plazo es una conflictividad fragmentada, compuesta por transportistas que exigen diésel, gremiales preocupados por los costos de reposición, productores que reclaman insumos y trabajadores que demandan ajustes salariales, entre otros. Esta dispersión favorece al Gobierno porque le permite negociar por separado, ofrecer respuestas parciales y evitar que un reclamo se convierta rápidamente en una causa común. Algunas controversias probablemente encontrarán salidas sectoriales y otras permanecerán latentes; su eventual articulación dependerá de que coincidan en el tiempo, identifiquen al mismo responsable y encuentren una conducción capaz de convertir demandas diferentes en una agenda política compartida.
La calma de julio puede prolongarse porque existe una expectativa extendida de normalidad, la sociedad está agotada por la confrontación y el Gobierno recuperó cierta iniciativa. Conviene, sin embargo, no confundir la ausencia de bloqueos con la resolución del conflicto, una vez replegada la confrontación nacional, la gobernabilidad se traslada al terreno menos visible de las negociaciones, las expectativas y la capacidad cotidiana del Estado para responder. La firmeza puede contener las medidas más disruptivas y conservar cierto respaldo social, pero no sustituye la gestión. La estabilidad de los próximos meses se construirá en la manera en que las instituciones procesen los desacuerdos, administren los costos económicos y eviten que distintas frustraciones terminen encontrando un mismo lenguaje político.
El autor es especialista en análisis de conflictos y gobernabilidad
