La Paz, 8 de junio de 2026 (ANF).- Golpes en la cabeza, uso de gases lacrimógenos a corta distancia, detenciones sin explicación y acusaciones de terrorismo. Esas son algunas de las denuncias recogidas por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) en un informe preliminar, al que tuvo acceso ANF, elaborado tras visitar las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde se encontraban personas aprehendidas durante los operativos policiales realizados en el contexto de las protestas y bloqueos de mayo.
El país registró varias jornadas de conflictos en mayo debido a sectores movilizados que en un inicio tenían demandas sectoriales, pero luego decidieron cambiar sus consignas exigiendo únicamente la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz. La intransigencia de los manifestantes por asistir a un diálogo, principalmente de la Central Obrera Boliviana, la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari y los seguidores de Evo Morales, obligó al Gobierno a sacar las fuerzas del orden para despejar las vías temporalmente. En esos operativos se registraron varios detenidos, muchos de ellos fueron liberados.
El documento, dirigido a organizaciones de derechos humanos, reúne testimonios de 20 personas detenidas, muchas de las cuales aseguran haber sido arrestadas sin participar en actos violentos y denuncian haber sufrido agresiones físicas durante su captura.
Uno de los testimonios más contundentes corresponde a un joven que afirma haber sido detenido cuando ya abandonaba una movilización. Según su relato, los policías revisaron su mochila y, al encontrar un poncho, decidieron arrestarlo. “Me han dado un golpe en la cabeza con su palo”, señaló, mostrando heridas que, según afirmó, aún le provocaban dolor.
Otra de las personas entrevistadas relató que fue detenida junto a una acompañante cuando intentaban grabar con sus celulares una intervención policial contra manifestantes. “Nos subieron a la patrulla a la fuerza, nos patearon, nos golpearon y nos gasificaron”, declaró. La mujer sostuvo que ambas fueron acusadas de participar en los disturbios pese a que, según su versión, no existían pruebas en su contra.
El informe también recoge casos de personas que aseguran haber sido detenidas por circunstancias aparentemente ajenas a las protestas. Un hombre afirmó que fue arrestado luego de mostrar su teléfono celular a los policías. Según su testimonio, los agentes encontraron que formaba parte de un grupo vecinal de WhatsApp y utilizaron ese hecho como argumento para detenerlo.
Otro entrevistado, comerciante proveniente de Cochabamba, relató que se encontraba en La Paz comprando mercadería cuando observó una intervención policial y decidió tomar fotografías. “He sacado mi celular para filmar y ahí me han detenido”, declaró.
Las denuncias también incluyen acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Varias personas reportaron golpes con toletes, impactos de cartuchos de gas lacrimógeno en la cabeza y agresiones que les provocaron heridas visibles. Un detenido aseguró haber perdido el conocimiento tras recibir golpes en la cara y la cabeza.
Tras entrevistar a los aprehendidos, el ITEI concluye que existen indicios de detenciones arbitrarias y de utilización desproporcionada de la fuerza por parte de efectivos policiales y militares. El organismo sostiene que varias detenciones habrían sido realizadas sobre la base de características físicas, vestimenta o denuncias de terceros, sin que se informara adecuadamente a los afectados sobre los motivos de su aprehensión.
Asimismo, el informe advierte sobre posibles vulneraciones al debido proceso, restricciones para el acceso a familiares y abogados, y la falta de valoraciones médico-forenses especializadas para documentar lesiones compatibles con tortura o malos tratos.
Ante este panorama, el ITEI solicitó la conformación de una comisión internacional de expertos que pueda investigar las denuncias, verificar las condiciones de detención y evaluar de manera independiente las lesiones reportadas por las personas afectadas durante los operativos de represión.
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