La Paz, 23 de abril de 2026 (ANF).- La familia del apicultor Juan Bascopé Cari, sentenciado en el denominado caso Apolo, denuncia un patrón de violencia sistemática en su contra dentro de su propia comunidad. Según el testimonio del propio Bascopé, los ataques incluyen golpizas, persecución y actos de tortura que, aseguró, están directamente vinculados a las mismas personas a quienes responsabiliza por los hechos por los que él fue condenado.
Desde su reclusión en el penal de San Pedro, Bascopé sostuvo que sus hermanos y otros familiares han sido víctimas de agresiones físicas reiteradas. “Los han huasqueado, los han golpeado sin motivo”, afirmó a ANF, al describir lo que considera una persecución dirigida.
En su versión, los principales agresores serían individuos implicados en el caso Apolo, a quienes señala como los verdaderos responsables de la muerte de policías y militares, pero que —según denunció— permanecen en libertad.
Entre los nombres que menciona se encuentran José Luis B. F., a quien acusó directamente como autor de los hechos; Eleodoro C., a quien calificó como responsable de la muerte de un sargento; y otras personas como Gregorio C. y Felipe C., a quienes atribuyó tanto su propia condena como las agresiones actuales contra su familia.
Bascopé sostuvo que estos actores operan como una “estructura de impunidad” dentro de la comunidad.
En ese contexto, el apicultor cuestionó los intentos de trasladar el caso de su hermano, que enfrenta el despojo de su propiedad agrícola por los arriba mencionados, a la jurisdicción de la Justicia Indígena Originaria Campesina. A su juicio, este cambio no garantizaría imparcialidad.
“Quieren ser juez y parte”, advirtió, al señalar que la comunidad —donde su familia mantiene conflictos abiertos— no ofrece condiciones para un proceso justo. Considera que esta vía podría consolidar decisiones favorables a sus adversarios.
Bascopé también vinculó la situación actual con presuntas irregularidades en su propio proceso judicial. Señaló al juez Daniel Guarachi Calle, de Sorata, como si supuestamente fuera parte de una red que habría favorecido a los verdaderos responsables del caso. Según su denuncia, el juez habría liberado a algunos implicados a cambio de sobornos. Aunque estas acusaciones no han sido verificadas por instancias independientes, el apicultor teme que su hermano enfrente un escenario similar, donde pruebas de agresión sean ignoradas y testimonios de presuntos agresores sean aceptados como válidos.
El caso, sin embargo, trasciende los episodios recientes de violencia. De acuerdo con el relato de Bascopé, la detención que sufrió en 2014 dejó a su familia en una situación de extrema vulnerabilidad, lo que habría facilitado un proceso progresivo de despojo territorial. Sus propiedades —viviendas y tierras productivas— habrían sido ocupadas, destruidas o explotadas por terceros, afectando de manera directa su sustento económico.
Las agresiones denunciadas incluyen hechos de alta gravedad. Su esposa, según su testimonio, fue atacada por un grupo de comunarios y posteriormente falleció a causa de las secuelas.
Su madre, de aproximadamente 80 años, habría sido golpeada y rodeada con fuego en un intento de quemarla viva. Otros familiares también habrían sido víctimas de violencia extrema: un hermano golpeado con palos, un cuñado azotado hasta quedar incapacitado y menores de edad perseguidos con chicotes y armas blancas.
Uno de los hechos más alarmantes es la denuncia sobre la desaparición de un sobrino, cuyo paradero continúa desconocido. En caso sigue un proceso judicial. Este episodio, sumado a la quema de viviendas, destrucción de cultivos y avasallamiento de tierras, configura —según el relato del afectado— un escenario de violencia estructural y desplazamiento forzado.
Bascopé interpreta estos hechos como parte de un objetivo mayor: la apropiación de las tierras de su familia. “Quieren exterminarnos para quedarse con todo”, afirmó. En su criterio, la falta de intervención efectiva del Estado ha permitido que este conflicto escale, combinando disputas territoriales con procesos judiciales que, aseguró, han estado marcados por irregularidades.
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