La Paz, 19 de mayo de 2026 (ANF).- La mora legislativa mantiene sin protección efectiva a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y víctimas de delitos graves como la trata y tráfico de personas, alertó la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera.
La dirigente sostuvo que el retraso en la aprobación de proyectos de ley vinculados a derechos humanos está profundizando la vulnerabilidad social y debilitando la capacidad del Estado para responder ante hechos de violencia y abuso.
Herrera advirtió que la paralización de normas clave no constituye un simple retraso administrativo, sino una situación que favorece la impunidad y deja desprotegidos a sectores históricamente vulnerables.
Según explicó, uno de los casos más preocupantes es el incremento de la trata y tráfico de personas, especialmente en regiones fronterizas como Tarija, donde las organizaciones criminales continúan operando ante la falta de una legislación actualizada y mecanismos más efectivos de sanción.
“La ausencia de normas específicas y adecuadas permite que los responsables encuentren vacíos legales para evitar condenas, mientras las víctimas quedan sin acceso pleno a la justicia”, señaló Herrera en contacto con ANF, al referirse a la demora en el tratamiento de un anteproyecto de ley contra la trata elaborado en 2023 y que todavía no fue remitido formalmente a la Asamblea Legislativa.
La vicepresidenta también cuestionó que la crisis económica y la confrontación política hayan desplazado de la agenda estatal los temas relacionados con protección social y derechos humanos.
Las observaciones de Herrera coinciden con el “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia – Gestión 2025” de la Defensoría del Pueblo, documento que identifica una preocupante mora legislativa en áreas sensibles vinculadas a la niñez, la justicia, la protección social y los derechos civiles.
Entre las normas pendientes, la Defensoría destaca los proyectos de ley destinados a declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores y eliminar la figura del estupro del Código Penal. Según la institución, el estancamiento de estas propuestas mantiene altos niveles de impunidad y dificulta que víctimas de violencia sexual accedan a justicia años después de los hechos.
El informe también advierte sobre la falta de aprobación de la Ley Integral contra la Tortura, normativa que busca prevenir y sancionar actos de tortura y tratos crueles en recintos policiales, cárceles y dependencias militares. La ausencia de esta reforma, señala el documento, mantiene riesgos críticos de vulneración de derechos humanos en espacios de detención.
Otro de los proyectos observados es la propuesta de cuidado familiar para niñas, niños y adolescentes, que prioriza el acogimiento familiar sobre la institucionalización. La demora legislativa, según la Defensoría, provoca que muchos menores permanezcan innecesariamente en centros de acogida y sin acceso pleno a un entorno familiar.
La institución defensorial también alertó sobre el retraso en iniciativas relacionadas con asistencia familiar, protección de niños en situación de calle y sanción de actos de odio y discriminación. En este último caso, remarcó que la ausencia de un tipo penal específico favorece discursos violentos y polarizantes, especialmente en contextos electorales y de conflictividad política.
Asimismo, el informe expresa preocupación por proyectos conocidos como leyes “antibloqueos”, que plantean penas de hasta 10 años de cárcel por bloqueos de carreteras. La Defensoría considera que estas propuestas podrían derivar en la criminalización del derecho a la protesta y en restricciones arbitrarias a las demandas sociales.
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