La Paz, 12 de mayo de 2026 (ANF).- Las denuncias sobre corrupción y extorsión dentro del penal de San Pedro, en La Paz, vuelven a poner en cuestión el control estatal sobre uno de los recintos penitenciarios más emblemáticos y cuestionados de Bolivia. Internos, exinternos y familiares —que pidieron mantener sus nombres en reserva por temor a represalias— aseguraron que la denominada “verificación de identidad” se ha convertido en una nueva herramienta de cobro ilegal para retrasar o agilizar la liberación de personas que ya cuentan con órdenes judiciales de libertad.
De acuerdo con los testimonios recogidos, la corrupción atraviesa todas las etapas de permanencia dentro del penal: desde el ingreso y la asignación de una sección hasta la salida definitiva. Un exinterno relató que, pese a haber obtenido una orden judicial para recuperar su libertad, la Policía se negó a dejarlo salir hasta que entregara dinero a los efectivos encargados de la puerta.
“Si no pagas, no sales”, afirmó uno de los denunciantes, quien sostuvo que incluso existen tarifas diferenciadas según la rapidez con la que un interno abandona el recinto. Según su relato, quienes entregan hasta 1.000 bolivianos pueden salir alrededor del mediodía, mientras que quienes pagan montos menores son retenidos durante horas y liberados recién entrada la noche. En casos más extremos, aseguraron que personas sin recursos económicos permanecen días adicionales dentro de la cárcel pese a contar con su mandamiento de libertad.
Uno de los mecanismos más cuestionados es la llamada “verificación de identidad”, procedimiento que, según los testimonios, depende de un policía encargado de confirmar la identidad física del interno antes de autorizar su salida. Los denunciantes sostienen que este proceso es manipulado para exigir sobornos.
“Si tú pones fuerte (dinero), ese eres tú y rápido te vas”, relató un exrecluso sobre la frase que, según dijo, resume el funcionamiento del sistema dentro del penal.
Según denunciaron, abogados de algunos liberados llegan incluso con montos de entre 500 y 800 bolivianos para acelerar trámites nocturnos y evitar retrasos deliberados.
Las denuncias no se limitan a la salida del penal. Internos y familiares afirmaron que el ingreso a determinadas secciones también depende de pagos irregulares que exigen los delegados en combinación con las autoridades penitenciarias. En sectores considerados “más seguros” o con mejores condiciones, los cobros pueden alcanzar entre 1.000 y 2.000 dólares. En otras áreas de población general, aseguran que ningún ingreso baja de los 7.000 bolivianos por sección.
Además, denunciaron que quienes poseen recursos económicos son obligados por delegados a convertirse en “padrinos”, una figura mediante la cual deben aportar dinero de manera permanente. Los testigos describieron un sistema donde las amenazas de aislamiento, traslados forzosos o agresiones son utilizadas para presionar económicamente a los privados de libertad.
Otro de los aspectos denunciados es el supuesto involucramiento policial en el ingreso y comercialización de drogas dentro del recinto penitenciario. Según los testimonios, existirían internos protegidos que distribuyen sustancias ilícitas con la presunta complicidad de efectivos encargados del control de puertas y requisas.
Las acusaciones coinciden con observaciones realizadas en años anteriores por organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Defensoría del Pueblo, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que identificaron patrones de extorsión, cobros ilegales y vulneraciones a derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario boliviano.
Diversos informes y testimonios anteriores ya habían advertido que los internos debían pagar por acceder a una celda, tramitar documentos, participar en audiencias virtuales o evitar ser enviados a sectores considerados de castigo, como Cocina o Muralla. También se denunciaron cobros por certificados de conducta, acceso a computadoras y permisos internos.
Pese a operativos y anuncios oficiales de “tolerancia cero” contra la corrupción penitenciaria realizados por autoridades policiales, entre ellas el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, los testimonios recogidos sostienen que las prácticas ilegales persisten y que los costos de las extorsiones incluso se incrementaron en los últimos años.
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