La Paz, 30 de abril de 2026 (ANF).- La defensa de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata ha optado por priorizar la vía internacional ante la falta de confianza en la justicia boliviana. Así lo afirmó David Inca, representante de las víctimas de Senkata, quien detalló que la estrategia legal apunta a agotar las instancias internas para acudir posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según Inca, actualmente se encuentra en curso una acción de Amparo Constitucional que busca anular las resoluciones que dejaron sin efecto el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez por los hechos de noviembre de 2019. Sin embargo, la audiencia prevista fue suspendida hace dos semanas y reprogramada para el 29 de mayo debido a dificultades en la notificación de los acusados, varios de los cuales se encuentran fuera del país.
El representante explicó que esta acción judicial no responde a una expectativa real de revertir la situación en el ámbito interno, sino al cumplimiento de requisitos formales. “Estamos agotando las instancias nacionales para habilitar la vía internacional”, sostuvo Inca en declaraciones a ANF, al tiempo de expresar dudas sobre la imparcialidad de la Sala Constitucional Segunda.
En ese sentido, cuestionó al juez a cargo por presuntos vínculos previos con actores políticos del periodo en cuestión, lo que, a su juicio, anticipa una resolución adversa.
Inca señaló además que existe una percepción crítica en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos comisionados —según indicó— consideran que la anulación del juicio oral podría interpretarse como un “juicio de privilegio” en favor de los acusados. La existencia de un informe final sobre los hechos de 2019 fortalecería la eventual denuncia ante la Corte IDH una vez concluido el proceso interno.
Respecto a la posibilidad de un juicio de responsabilidades, Inca consideró poco probable su viabilidad debido a la falta de los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa. No obstante, informó que un grupo de víctimas que no suscribió la acusación inicial prepara una nueva proposición acusatoria.
El dirigente también advirtió sobre un posible riesgo procesal: si las víctimas impulsan directamente un juicio de responsabilidades, podrían perder la opción de acudir a instancias internacionales. Por ello, insistió en la necesidad de resolver primero la Acción de Amparo.
Antes de la anulación, el juicio ordinario se encontraba en su etapa final, a punto de ingresar a alegatos y sentencia, tras la declaración pendiente de unos 15 testigos.
Los casos Sacaba y Senkata corresponden a las intervenciones policiales y militares ocurridas en noviembre de 2019, en el contexto de la crisis política tras la renuncia de Evo Morales. En ambos hechos se registraron al menos 20 personas fallecidas por impactos de bala y decenas de heridos.
Investigaciones independientes, como la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Bolivia (GIEI-Bolivia), concluyeron que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y un uso desproporcionado de la fuerza estatal.
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