La Paz, 29 de abril de 2026 (ANF).- La Defensoría del Pueblo advirtió que las denuncias persistentes de tortura y malos tratos en Bolivia no responden únicamente a hechos aislados, sino que evidencian un problema de carácter estructural vinculado a fallas institucionales y normativas.
Según la entidad, la gravedad de estos hechos y sus consecuencias ponen en evidencia la falta de armonización de la normativa policial con la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con el análisis defensorial, a solicitud de ANF, uno de los principales indicios de esta problemática es la reiteración de denuncias a lo largo del tiempo. Informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado de manera constante el uso excesivo de la fuerza y prácticas de malos tratos en distintos periodos y bajo diversos gobiernos, lo que sugiere la existencia de condiciones que permiten su reproducción.
La Defensoría identificó también factores institucionales que favorecen estos hechos, entre ellos la debilidad de los mecanismos de control interno, la insuficiente capacitación en derechos humanos y la falta de investigaciones efectivas. Estas falencias generan un entorno de impunidad relativa que reduce las consecuencias para quienes cometen abusos.
Asimismo, el contexto de conflictividad social y política incide en el incremento de denuncias. La entidad recordó que durante la crisis de 2019 se registró un aumento significativo de vulneraciones a los derechos humanos, lo que evidencia que estas prácticas tienden a intensificarse en escenarios de tensión.
Otro elemento relevante es la selectividad de las víctimas. Las denuncias suelen involucrar a personas detenidas, manifestantes y sectores en situación de vulnerabilidad, con limitado acceso a defensa legal, lo que refleja relaciones de poder y desigualdad estructural.
No obstante, la Defensoría aclaró que calificar la tortura como un problema estructural no implica la existencia de una política sistemática en todos los periodos, sino la persistencia de condiciones que facilitan su ocurrencia, pese a la existencia de sectores estatales que impulsan reformas.
Finalmente, la institución alertó que prácticas como golpizas, amenazas, aislamiento y tratos degradantes continúan registrándose en detenciones, interrogatorios y recintos penitenciarios, muchas veces con el objetivo de obtener confesiones. A ello se suman el hacinamiento, la falta de acceso a salud y el uso extendido de la detención preventiva como castigo anticipado.
/FC/
Articulo sin comentarios
