En algún hospital de La Paz una persona con cáncer espera que su quimioterapia se realice; un paciente renal ruega para que su diálisis no se postergue; y un enfermo grave lucha por respirar, mientras el oxígeno medicinal se agota.
No son escenas de ficción, es la Bolivia de hoy, atrapada en una crisis social que está dejando al desnudo una verdad incómoda que muchos se niegan a admitir. ¡Hay indolencia!
Indolencia de bloqueadores que impiden el paso de ambulancias y suministros médicos. Indolencia de autoridades, que no solucionan, que no deciden o demoran en decidir. Y cuando deciden, no eligen atender primero lo que es urgente.
En lo específico, hay una pregunta que ninguna autoridad, nacional o subnacional, quiere responder en voz alta, pero que cualquier madre o padre de familia comprende en un segundo. Es si hay aviones capaces de llevar carga, ¿qué debe subir primero, los pollos que se venderán a precios exagerados en el mercado o el oxígeno y los medicamentos que impiden que alguien muera?
La respuesta, desde el sentido común más básico y desde el derecho, es inequívoca: primero la vida. Es una cuestión humanitaria, vinculada a valores como la compasión, la solidaridad y la misericordia; sin embargo, lo que estamos viendo apunta en la dirección contraria.
Las voces del sector salud son cada vez más desesperadas. Directores de hospitales, el Colegio Médico, la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares vienen advirtiendo que la falta de oxígeno medicinal, insumos y medicamentos está llevando los servicios a un punto de colapso. Lo han dicho con todas las letras, esta crisis puede ser peor que la pandemia de COVID-19.
Quienes ignoren esas advertencias, sean bloqueadores o autoridades, incluidas las subnacionales, no podrá luego escudarse en la ignorancia. El posible sufrimiento y el riesgo de muerte ya están anunciados.
Frente a eso, ¿qué hace el gobierno? Analicemos. Cuenta con aeronaves propias o disponibles por cooperación de otros países precisamente para atender esta emergencia. Si esos recursos existen, no debiera haber mayores consideraciones y menos aún juego de intereses. Están ahí para cargar primero lo urgente, es decir el oxígeno medicinal, el material médico, los medicamentos y todo aquello relacionado a la salud, a la vida de los más vulnerables; y luego recién lo otro.
Desde la perspectiva internacional existe un amplio cuerpo normativo integrado por tratados, resoluciones de la ONU y práctica de los Estados, cuya finalidad es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, así como proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas afectadas por conflictos armados, desastres y otras situaciones de emergencia.
Es el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas internacionales de asistencia humanitaria. Ellas determinan que cuando una población carece de bienes indispensables para su supervivencia, la provisión de ayuda humanitaria adquiere carácter prioritario.
En esas circunstancias, la protección de la población no constituye una opción política, ni una cuestión de oportunidad gubernamental, sino una obligación jurídica que exige a las autoridades adoptar todas las medidas disponibles para garantizar el acceso a los bienes y servicios esenciales para la vida.
Sin embargo, lo que se ve en los hechos es paradójico, mientras hay pacientes que literalmente dependen de un tubo de oxígeno para seguir vivos, algunos vuelos trasladan productos avícolas. Nadie niega que la provisión de alimentos importa, importa y mucho. Pero poner en la misma balanza el derecho a alimentarte y el derecho a no morir por falta de un medicamento es un agravio a la inteligencia y, peor aún, a la dignidad humana.
Entre un cargamento de pollos y un cargamento de oxígeno que resucita, la elección no admite excusas. Si las aeronaves se usan para lo primero y no para lo segundo, alguien está decidiendo que la vida vale menos que las ganancias.
Lo verdaderamente humanitario, no solo se mide en toneladas transportadas, sino y esencialmente se mide en vidas protegidas, en dolores aliviados, en pacientes que no mueren esperando.
Cuando el Estado prioriza los medios de transporte, que podrían salvar enfermos, hacia circuitos comerciales, está desnaturalizando la asistencia humanitaria y convirtiendo una obligación sagrada en una operación de mercado.
Es más, cuando los medios o recursos de un país resultan insuficientes, el derecho internacional a previsto un mecanismo de apoyo interestatal o de organismos internacionales. Es la declaratoria de Estado de emergencia o desastre previsto en la Ley 602.
Ningún argumento económico, ninguna conveniencia logística, ninguna “razón de Estado” puede anteponerse al imperativo de salvar vidas. Permitir que un boliviano padezca o muera por falta de asistencia no es solo un fracaso moral; es una responsabilidad concreta ante la ley nacional e internacional. Es hora que cada vuelo, cada recurso y cada decisión pongan por delante la asistencia humanitaria. Porque, al final, en esta crisis lo que verdaderamente apesadumbrará es las vidas que dejamos perder en el camino.
El autor es economista y diplomático
