La Paz, 14 de mayo de 2026 (ANF).- La Defensoría del Pueblo advirtió que la administración de justicia en Bolivia atraviesa una “crisis profunda”, marcada por la fragilidad institucional, la falta de independencia judicial, la mora procesal, la corrupción y altos niveles de impunidad. Las observaciones forman parte del informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia durante la gestión 2025, presentado por la entidad defensorial.
El documento describe un sistema judicial debilitado por decisiones políticas y operativas que, según la Defensoría, han dejado vacíos de protección jurídica y han afectado la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. Entre los hechos más preocupantes se encuentra el cierre definitivo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, una medida que —según la Defensoría— generó incertidumbre sobre la transferencia de competencias vinculadas a la atención de poblaciones vulnerables y a la lucha contra la violencia.
La Defensoría sostiene que esta situación ha debilitado la estructura institucional necesaria para cumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos. A ello se suma la crisis que enfrentan los altos tribunales del país. El informe señala que el Tribunal Constitucional Plurinacional opera únicamente con cuatro magistrados y el Tribunal Supremo de Justicia con cinco, lo que afecta el funcionamiento regular de ambas instancias.
El documento también cuestiona el precedente de los magistrados “autoprorrogados”, al considerar que generó incertidumbre jurídica y profundizó la crisis de credibilidad en la justicia constitucional. En ese contexto, la Defensoría recomienda implementar de manera efectiva la carrera judicial y establecer mecanismos permanentes de evaluación de jueces para fortalecer la independencia judicial.
Otro de los problemas identificados es la mora procesal. El informe revela que el sistema judicial registra un rezago del 47,5%, lo que significa que menos de la mitad de los casos ingresados son resueltos durante la gestión anual. Más del 50% de las causas quedan pendientes para años posteriores.
A esta situación se suma la preocupación por hechos de corrupción. De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura citados por la Defensoría, más del 20% de los jueces del país enfrentan procesos administrativos por faltas o presuntos delitos.
La crisis también se refleja en el sistema penitenciario. El informe reporta que las cárceles bolivianas operan con un hacinamiento del 169% de su capacidad. Además, el 52% de la población privada de libertad se encuentra detenida preventivamente, sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
La Defensoría alertó igualmente sobre el incremento de la violencia en recintos penitenciarios. Mientras en 2024 se registraron nueve muertes violentas en cárceles, en 2025 la cifra ascendió a 18 casos, duplicando los hechos reportados el año anterior.
El informe identifica además una “impunidad sistémica” en procesos considerados de alta relevancia social. Entre ellos menciona la paralización de los juicios por las masacres de Senkata y Sacaba ocurridas en 2019, así como el estancamiento del caso Las Londras, relacionado con el ataque a periodistas en Santa Cruz.
La entidad defensorial también denunció el uso del sistema penal para criminalizar a defensores de derechos humanos y ambientales, además de intentos de estigmatización contra organizaciones de la sociedad civil mediante supuestas “listas negras”.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo planteó una reforma judicial urgente. Entre sus recomendaciones figuran garantizar elecciones judiciales transparentes, incrementar el presupuesto del sistema judicial, reducir el uso de la detención preventiva y aprobar una reforma penal que tipifique el delito de tortura.
Asimismo, pidió evitar retrocesos normativos en materia de protección de derechos, particularmente en relación con propuestas que podrían debilitar el alcance de la Ley 348 de protección integral para las mujeres.
/FC/
Articulo sin comentarios
