La Paz, 7 de mayo de 2026 (ANF).- Abogados litigantes y especialistas en derecho cuestionaron el desempeño del Ministerio Público y advirtieron que la crisis de la justicia en Bolivia también alcanza a los fiscales, a quienes señalaron por retardación, falta de objetividad, corrupción y deficiencias estructurales.
Durante el programa Sin Concesiones de Radio Fides, el abogado de víctimas Rommel Segovia denunció presuntas irregularidades cometidas por el fiscal Sergio Cuellar Chávez dentro de un proceso por violencia familiar y abuso sexual. Según explicó, el fiscal habría emitido una imputación con fecha anterior a la asignación oficial del caso y sustentado la acusación en documentos psicológicos del SLIM que, según respuestas oficiales, no figuran en los registros de la institución.
“Lamentablemente, el Ministerio Público está en una crisis muy profunda, una crisis que realmente ya asusta a los abogados y a la sociedad”, afirmó Segovia. Además, sostuvo que existen fiscales “sin experiencia” y denunció presuntos actos de corrupción. “Hay tarifas para una cesación, hay tarifas para dar una detención preventiva”, aseguró.
La abogada María Eugenia Ríos también cuestionó el accionar fiscal y señaló que en su experiencia predominan los “malos fiscales”, quienes —según indicó— actúan de manera mecánica y sin interés real por alcanzar justicia en los procesos penales.
“Los fiscales realizan una labor automática cumpliendo ciertos plazos y son indiferentes ante el hecho de que logran o no una sentencia”, afirmó Ríos. Además, denunció que en provincias existen fiscales que vulneran derechos y garantías constitucionales. “Prácticamente actúan como dictadores”, sostuvo.
El abogado especialista en Derecho Constitucional William Herrera aseguró que el país atraviesa una crisis estructural del sistema judicial y criticó la ausencia de una verdadera reforma.
“El gran problema es que no hay una reforma judicial. Pareciera que ni se han enterado del cambio de gobierno”, afirmó Herrera. El jurista explicó que la reforma debe involucrar al Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el sistema carcelario, pues considera que las fallas son integrales.
Herrera también cuestionó la burocratización de los procesos penales y la falta de coordinación entre fiscales, policías y peritos forenses. “La etapa preparatoria se ha convertido en un cuello de botella. Se supone que se investiga seis meses, pero en la mayoría de los casos eso es mentira”, señaló.
Los invitados coincidieron en la necesidad de una reforma profunda del Ministerio Público, con mayor presupuesto, capacitación especializada, selección meritocrática de fiscales y fortalecimiento de los órganos de investigación científica para garantizar una administración de justicia más eficiente y transparente.
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