La Paz, 6 de junio de 2026 (ANF).- La relación entre el Gobierno de Rodrigo Paz y las cooperativas mineras ha generado cuestionamientos de especialistas que observaron una creciente acumulación de beneficios para este sector, desde la ampliación de concesiones y la flexibilización de requisitos ambientales hasta una mayor participación en espacios de decisión dentro del aparato estatal. Mientras el Ejecutivo sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la producción y otorgar seguridad jurídica, analistas advirtieron que podrían comprometer intereses estratégicos del Estado.
El analista minero y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia, Héctor Córdova, consideró que varios de los acuerdos alcanzados con las cooperativas responden a una posición de debilidad gubernamental frente a la capacidad de presión política del sector.
Según Córdova, el Gobierno ha optado por conceder demandas con el objetivo de evitar que los cooperativistas se sumen a conflictos sociales y movilizaciones, una estrategia que, en su criterio, ha derivado en compromisos que afectan los intereses nacionales.
Uno de los puntos que más preocupa al experto es la posibilidad de transferir áreas administradas por Comibol a cooperativas mineras. Argumentó que se trata de espacios cuya exploración y desarrollo fueron financiados con recursos públicos, por lo que su entrega a organizaciones privadas representaría una pérdida patrimonial para el Estado.
“Es una medida que beneficia a actores privados con inversiones realizadas por todos los bolivianos”, sostuvo el analista en contacto con ANF, quien considera que esta política contradice el objetivo de fortalecer la minería estatal.
Las observaciones también alcanzan al acuerdo que permitiría el retorno de representantes cooperativistas al directorio de Comibol. Para Córdova, esta decisión revive un esquema que ya había sido cuestionado en el pasado por generar conflictos de interés.
El especialista recordó que la exclusión de cooperativistas de la dirección de la empresa estatal en 2016 buscó precisamente evitar que actores con intereses particulares influyeran en la administración de recursos públicos. Por ello, consideró que el retorno de representantes del sector constituye un retroceso institucional.
Las preocupaciones no se limitan al ámbito empresarial. Córdova también cuestionó medidas relacionadas con el control ambiental. Entre ellas mencionó disposiciones que facilitan la adecuación de áreas mineras sin exigir inicialmente ciertos requisitos ambientales, además de la apertura de debates sobre actividades extractivas en zonas protegidas.
A su juicio, estas flexibilizaciones reducen la capacidad de fiscalización estatal y aumentan los riesgos de afectación ambiental.
En la misma línea crítica se pronunció Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, quien sostuvo que la administración de Rodrigo Paz mantiene e incluso profundiza un modelo heredado de gobiernos anteriores, en particular en la gestión del MAS.
Para Zaconeta, las cooperativas continúan beneficiándose de condiciones favorables, como exenciones tributarias, bajas regalías y procesos de regularización que permiten legalizar operaciones iniciadas sin autorización previa.
El investigador afirmó que esta situación incentiva la expansión de actividades mineras en distintas regiones del país, particularmente en zonas amazónicas donde históricamente se han registrado conflictos por el acceso a recursos naturales.
Asimismo, observó una creciente influencia política del sector cooperativo dentro de las instituciones públicas. Según su análisis, representantes vinculados a las cooperativas han logrado ocupar espacios estratégicos en la administración estatal, incluyendo viceministerios y cargos de representación política en distintos niveles de gobierno.
“Existe una estructura de poder que permite al sector influir directamente en la definición de políticas mineras”, advirtió en contacto con ANF.
Zaconeta también cuestionó que temas como la aplicación de mayores cargas tributarias al oro o la revisión de contratos observados por impactos ambientales permanezcan sin avances significativos. En su criterio, la prioridad gubernamental ha sido atender las demandas cooperativistas antes que fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.
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