Pese a que la democracia se mantiene como el régimen político predominante en la región latinoamericana y del Caribe hace más de 40 años, su situación común, con variaciones de grado, es deficitaria y, por tanto, de riesgo.
Tal es la conclusión general que se desprende del informe “Democracias bajo presión” que acaba de publicar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual propone la necesidad de que los avances políticos alcanzados en este tiempo en materia de garantías y libertades se complementen con procesos de construcción del bienestar y una correspondiente competencia de los Estados para asegurar tales factores.
El cuadro de déficit a que se refiere ese documento comprende la debilidad de la institucionalidad democrática en términos de legitimidad, representación y de capacidad para la gestión de conflictos, así como en cuestión de resguardo efectivo de derechos, logro de resultados en desarrollo humano y aplicación de políticas redistributivas.
Al respecto, sostiene que en los últimos años en América Latina y el Caribe ha disminuido claramente la confianza ciudadana en los procesos y las autoridades electorales, hecho al que se suman “la concentración del poder en liderazgos personalistas, el debilitamiento de los contrapesos y la difusión de narrativas polarizadas”.
También remarca que persisten insuficiencias en la inclusión de grupos sociales históricamente marginados, en la paridad de género en la función pública y, de modo más amplio, en la atención de las demandas ciudadanas. Este conjunto, afirma, “se manifiesta en una desconexión creciente entre la ciudadanía y las instituciones” y “se traduce en altos niveles de insatisfacción con la democracia”, lo que desemboca asimismo en una “crisis de los sistemas de partidos políticos en la región”.
En consecuencia, el vaciamiento del contenido democrático de las democracias constituye el principal riesgo, pues eso es lo que significa “la consolidación de sistemas electorales que mantienen ciertos rasgos democráticos formales, pero que pierden progresivamente su capacidad para procesar pacíficamente los conflictos y generar resultados en materia de desarrollo”, sentencia el informe.
¿De dónde vienen, entonces, las principales presiones que deben afrontar hoy las democracias latinoamericanas y caribeñas? El PNUD señala que proceden fundamentalmente de dos fuentes: las estructurales, como las desigualdades, la informalidad y la vulnerabilidad del propio sistema, y las emergentes, que incluyen la polarización, las brechas y disfuncionalidades de los desarrollos tecnológicos, la criminalidad transnacional, las migraciones y la crisis climática.
Al recordar que, en la región, “el 10% más rico concentra casi el 37% del ingreso, mientras que el 40% más pobre accede al 13%”, el documento expresa que “la desigualdad económica se traduce en desigualdad política”, lo que provoca “tensiones en el ejercicio de las libertades políticas”.
Añade que el desarraigo social y la carencia programática de los partidos políticos los inhabilita en su tradicional función de intermediación y convierte al votante “más en un espectador o un comentarista que en un ciudadano con capacidad efectiva de incidir en los resultados políticos”.
De acuerdo con el informe del PNUD, esa pérdida de las propiedades de la democracia es igualmente alentada por las prácticas patrimoniales y de corrupción presentes en las instituciones, la polarización ligada a la violencia política, la desinformación canalizada por las tecnologías digitales y la intervención de redes del crimen organizado en el ámbito político.
Anota, finalmente, que tanto los desplazamientos poblacionales intrarregionales como la compleja gestión de los recursos naturales por los gobiernos nacionales dan lugar a otra polarización, presiones de orden económico y conflictos redistributivos, todo lo cual redunda en el deterioro cualitativo de las democracias.
En esa perspectiva, los países de Latinoamérica y el Caribe, con sus correspondientes matices, tienen una democracia con destacable duración, pero carente de estabilidad plena y de calidad suficiente.
Frente a ello, el diagnóstico del PNUD (https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/informe-sobre-democracia-y-desarrollo-democracias-bajo-presion-reimaginar-los-futuros-de-la-democracia-en-america-latina), que en gran medida refleja lo que acontece en Bolivia, llama a renovar la democracia, a fin de que “pueda canalizar las demandas ciudadanas, procesar el conflicto y promover los resultados de desarrollo humano en contextos de gran incertidumbre”.
En ese marco, es evidente que la democracia boliviana se encuentra bajo presión. El ciclo supremacista que empezó a hacer agua en el país en 2019 aún no termina de cerrarse. La transición en curso, iniciada ese año, necesita por ello orientarse a viabilizar esa trilogía regeneradora.
El autor es especialista en comunicación y análisis político
