La Paz, 23 de abril de 2025 (ANF).- En Bolivia, las técnicas de tortura no han desaparecido. Por el contrario, muchas de ellas se mantienen vigentes y son aplicadas por cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía, en una continuidad que tiene referencias en manuales elaborados por la CIA (Agencia de Inteligencia de EEUU) en la década del 1950. Así lo denunció Juan Luis Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), quien advirtió sobre la persistencia de prácticas que fueron sistematizadas durante la época de la Guerra Fría en la llamada Escuela de las Américas.
“En los años cincuenta, la CIA comenzó a desarrollar métodos de tortura con el apoyo de médicos, psiquiatras y psicólogos. De ahí surgieron manuales de interrogatorio utilizados para capacitar a policías y militares en la tristemente célebre Escuela de las Américas”, explicó Ledezma en el programa de Sumando Voces “Tortura y tratos crueles bajo custodia policial”.
Estas técnicas, diseñadas para quebrar psicológicamente a los detenidos, fueron diseminadas por todo el continente y adaptadas por regímenes autoritarios a quienes asesoraba la CIA.
Fragmentos de esos manuales —señala el coordinador— describen procedimientos como arrestar al sospechoso en horas de la madrugada, vendarle los ojos y colocarle una bolsa en la cabeza. “Eso hicieron con Marco Aramayo (exdirector del Fondo Indígena). Esas prácticas se repiten con alarmante frecuencia y son comunes en países donde existió influencia de esa escuela”, afirmó.
Lo más grave, según Ledezma, es que estas técnicas no quedaron en el pasado. “Lamentablemente uno pensaba que solo eran cosas de la dictadura, pero se siguen utilizando. Hoy, la Policía Boliviana emplea aún el método de la bolsa con gas pimienta durante los interrogatorios. El caso más reciente es el de Juan Laura”, dijo.
Laura, detenido recientemente, fue forzado a confesar bajo tortura. Le colocaron una bolsa plástica en la cabeza, una técnica que busca provocar asfixia y pánico, dejando pocas evidencias visibles. “Este caso demuestra que las prácticas diseñadas hace décadas siguen activas, lo cual es alarmante”, advirtió Ledezma.
Para el Mecanismo, la continuidad de estas formas de violencia responde directamente a la debilidad institucional del país. “¿Quiénes están ahí? Jueces, fiscales y policías. Se conocen entre ellos, y eso obstaculiza cualquier sanción real. En este contexto, es prácticamente imposible romper el ciclo de impunidad”, lamentó el funcionario.
Desde su creación en 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó información sobre procesos penales por tortura desde 2019. Los resultados fueron desalentadores: “A nivel penal no hay una sola sentencia. Hasta hoy, no hay ninguna”, sostuvo Ledezma.
El panorama disciplinario de la Policía tampoco ofrece mejores resultados. De las 1.400 denuncias por tortura y malos tratos contabilizadas oficialmente en tres años (por la Policía Boliviana), solo 19 derivaron en sanciones, la mayoría de ellas consistentes en traslados administrativos. “Son muy pocas las bajas definitivas. Y eso revela el desinterés estructural por erradicar la tortura”, subrayó.
“El Estado boliviano no sanciona la tortura. Esa es la realidad. No es una opinión, son datos objetivos. Hay un problema de impunidad reconocido incluso por la fiscalía”, agregó Ledezma. Esa impunidad —advirtió— no solo protege a los responsables, sino que habilita la repetición de los hechos.
Según el coordinador, este patrón de inacción estatal representa una amenaza constante para los derechos humanos en Bolivia. “Nosotros nos chocamos con el poder puro y simple. La tortura se mantiene porque el poder la cubre. Sin voluntad política, es imposible que las instituciones funcionen de manera adecuada”, sentenció.
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