A fines de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo realizó una visita sorpresa en el CRVIR debido a quejas y denuncias recibidas sobre la atención y dotación de medicamentos para pacientes que viven con el VIH.
Giavarini estimó que de cada 10 personas que llegan a la Casa Kantuta, donde son acogidos, “normalmente 6 personas logran de alguna manera ubicarse, encontrar una red subjetiva, un trabajito, aterrizar con el paracaídas sin lastimarse”.
El trabajo sexual, al no ser reconocido como un oficio en las leyes, quienes lo ejercen carecen de todos los derechos laborales y por el estigma se les restan más derechos fundamentales.
Callisaya informó también que de las 18 oficinas del IDIF que estaban abiertas en el momento de la verificación realizada por la Defensoría del Pueblo, solamente 11 cuentan con psicólogo forense.
La autoridad del Ejecutivo en relación a ese encuentro de diferentes instituciones en torno al Comité pro Santa Cruz, sostuvo que se ha demostrado que existe un “total racismo” en ese departamento.
El retraso en el pago del prediario es otro problema reiterativo y responsabilidad de la Gobernación del Beni. Los retrasos son de hasta tres meses y afectan a las privadas de libertad que cuentan con ese dinero para comer tres veces al día.
Giavarini indicó que muchas personas que dejaron la cárcel sufren por el estigma de haber estado presas y les es casi imposible conseguir un trabajo para mantener a sus familias.
UNITAS presentará un informe nacional que contiene datos relacionados a las vulneraciones que atraviesan las y los defensores de derechos, entre ellos periodistas, dirigentes, organizaciones sociales entre otros.
Bascopé fue el único detenido que quedó a mano a jueces y fiscales para inculparlo por las muertes que se dieron en un enfrentamiento entre más de 140 efectivos y miles de productores de coca de Miraflores en el municipio de Apolo, en octubre
La autoridad, además, observó que alrededor de un 11% de niñas y niños que se encuentran en centros de acogimiento, tiene discapacidad, muchos en un alto grado de discapacidad intelectual.
Este martes se realizó una audiencia virtual, la jueza determinó que el próximo encuentro será en el municipio de Apolo, un territorio cuya principal actividad es la minería.
La Defensoría del Pueblo observa que el Sernap esté al margen del proceso iniciado a los guardaparques,Santa Cruz y Uzquiano. La articulación Fospa se delcaró en alerta.
