La Paz, 8 de abril de 2026 (ANF).- La presidenta y fundadora de la Asociación Warmi, Fitti Lino Terceros, denunció la existencia de un sistema de “esclavitud moderna” y explotación institucionalizada en locales nocturnos de Cochabamba, donde —según afirmó— el propio Estado estaría facilitando prácticas de proxenetismo mediante la emisión de licencias de funcionamiento.
De acuerdo con la dirigente, quien además es secretaria de Finanzas de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), la Alcaldía otorga permisos bajo la figura de “lenocinios”, lo que en la práctica —sostuvo— equivale a legalizar una actividad que el Código Penal sanciona. “Se les está dando licencia para explotar”, cuestionó en contacto con ANF.
Terceros explicó que esta aparente contradicción normativa genera un entorno donde los dueños de locales ejercen control absoluto sobre las trabajadoras. “Se sienten dueños de los minutos del cuerpo de las compañeras”, afirmó, al describir un sistema que prioriza la rentabilidad por encima de cualquier derecho laboral o humano.
Entre las prácticas denunciadas, detalló la implementación de mecanismos tecnológicos de control, como sensores y cronómetros en las puertas de los ambientes. Y si el sistema registra demora, la mujer debe pagar una penalización que puede implicar la pérdida total de su ingreso.
Además, denunció la imposición de cuotas mínimas de atención diaria. Este esquema, añadió, convierte a las trabajadoras en una suerte de “cajeros automáticos”, obligadas a generar ingresos constantes bajo presión.
La explotación, según Terceros, también se manifiesta en el ámbito económico. Indicó que dentro de los locales se obliga a las mujeres a adquirir insumos básicos a precios elevados, y se les prohíbe ingresar productos del exterior, incluso agua. “Todo debe comprarse adentro, con sobreprecio”, afirmó.
A esto se suma, según su testimonio, el consumo forzado de alcohol. En varios establecimientos, aseguró, las trabajadoras deben beber con los clientes como condición para poder trabajar, lo que las expone a riesgos adicionales para su salud.
La representante de Warmi también denunció la existencia de redes de corrupción que permiten la continuidad de este sistema. Afirmó que, pese a haber presentado pruebas ante instancias como la Defensoría del Pueblo, no se han adoptado acciones efectivas. “Las autoridades se hacen los ciegos”, sostuvo.
Asimismo, sugirió que existirían pagos irregulares a funcionarios de gobiernos municipales y departamentales para evitar controles o clausuras. En el Trópico de Cochabamba, añadió, se habrían registrado casos de cobros indebidos por parte de autoridades locales, incluyendo multas y pagos semanales a cambio de sellos sanitarios.
Terceros también cuestionó el enfoque estatal hacia el trabajo sexual, señalando que las políticas públicas se limitan al control sanitario, sin reconocer a las trabajadoras como sujetas de derechos. “El Estado permite que otros se queden con el fruto de nuestro trabajo, sin darnos ninguna protección”, concluyó.
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