Su caso no es aislado. Pero él lo vive en carne propia. Lo respira en cada día de encierro. “Me juzgaron como si fuera lo peor de lo peor, no me dieron la oportunidad de defenderme en libertad”.
Datos de la Fiscalía General indican que, en cinco años solo dos denuncias de trabajadoras sexuales lograron una sentencia. El resto fue invisibilizado por una estructura patriarcal que las estigmatiza y les niega derechos.
La dimensión masculina de la tortura sexual, aunque menos visibilizada, también existe. “¿Someten a la misma tortura a los hombres? No sabemos. Porque es muy difícil que los hombres denuncien tortura sexual. Es muy difícil, pero sabemos que
El fiscal, que debía proteger sus derechos estuvo allí, mirando. No dijo nada mientras los insultos y los golpes caían sobre él. No intervino mientras las botas de policías y militares le abrían la cara y quebraban sus costillas.
El informe anual del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de la red UNITAS establece que en la pasada gestión se han incrementado las vulneraciones a la institucionalidad democrática.
Estas técnicas, diseñadas para quebrar psicológicamente a los detenidos, fueron diseminadas por todo el continente y adaptadas por regímenes autoritarios a quienes asesoraba la CIA.
Vera enfatiza que cuando el Ejecutivo es parte denunciante, los procesos pierden toda imparcialidad y no existe justicia para los justiciables cuando está como denunciante el Órgano Ejecutivo.
La directora del ITEI identificó un problema cultural con la asociación errónea entre tortura y regímenes dictatoriales, un imaginario que normaliza la violencia estatal al presentarla como un mal exclusivo de épocas pasadas.
Explica que un problema recurrente que enfrentan las mujeres víctimas de violencia es que “no les creen”, el principal “cuello de botella es creerles a las mujeres y superar ese mito de que la violencia basada en género no existe”.
Las denuncias van más allá del ámbito procesal. Según el abogado, varios ciudadanos fueron detenidos de forma completamente arbitraria, sin que existiera evidencia alguna de participación en actos delictivos.
Aramayo falleció el 19 de abril de 2022, luego de haber permanecido como preso preventivo durante siete años sin que exista ninguna sentencia ejecutoriada en su contra.
El pronunciamiento señala que organismos estatales están criminalizando la crítica social y negando derechos políticos y civiles, lo que deslegitima al gobierno y cierra espacios para cambios políticos pacíficos.
Mario y su hijo viven en Tarija. En una ciudad que avanza entre el bullicio y las tradiciones, Emanuel encuentra refugio en la rutina. Le gustan los patrones, las luces suaves y el orden. "Si algo le incomoda, es mejor evitarlo".
Además del problema de los fármacos, Larrazábal lamentó la falta de infraestructura especializada para atender a este sector de la población, como los hospitales geriátricos.
En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la resolución sobre la protección de la dignidad, la honra y la imagen ante la exhibición de las personas aprehendidas en medios de comunicación, luego de la revisión de 17 casos
Este sábado, un grupo de miembros de la organización cristiana católica Café Semilla Juvenil de La Paz visitó la tumba de Espinal en el cementerio general.
