La Paz, 30 de abril de 2026 (ANF).- El Informe Anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte un “peligroso retroceso” en Bolivia tras la anulación de los juicios por las masacres de Sacaba y Senkata, hechos ocurridos en el contexto de la crisis política de 2019.
El organismo internacional sostiene que esta decisión judicial compromete seriamente el acceso a la justicia de las víctimas y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El documento evalúa el avance del Estado boliviano respecto a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar las graves violaciones registradas entre septiembre y diciembre de 2019.
Si bien reconoce ciertas acciones institucionales, la CIDH concluye que los resultados son insuficientes frente a la magnitud de los hechos.
Entre las medidas reportadas por el Estado, se destaca la conformación de una Comisión Extraordinaria de Análisis, que mantiene reuniones periódicas con fiscales departamentales para hacer seguimiento a los casos. Asimismo, la Fiscalía General solicitó al Tribunal Supremo de Justicia priorizar los procesos vinculados al informe del GIEI, con el objetivo de evitar mayores dilaciones.
No obstante, el punto más crítico identificado por la CIDH es la anulación de los juicios de Sacaba y Senkata en agosto de 2025. Para el organismo, esta decisión no solo interrumpe el avance judicial, sino que “incide directamente en la revictimización” de quienes esperan justicia desde hace años.
Además, advierte que esta situación vulnera las obligaciones internacionales del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En su evaluación, la CIDH determinó que la recomendación clave referida a estos hechos —investigar, juzgar, sancionar y reparar— permanece en estado “pendiente de cumplimiento”. Aunque valora los esfuerzos del Ministerio Público, subraya la falta de una articulación efectiva con otras instancias del sistema judicial y del Órgano Ejecutivo.
El informe también recoge preocupaciones de la sociedad civil, que alerta sobre el riesgo de impunidad ante la ausencia de un sistema integral de reparaciones y de garantías de no repetición.
En ese marco, la CIDH insta a Bolivia a esclarecer las causas del retraso en los procesos, impulsar reformas que fortalezcan la independencia judicial y aprobar una normativa clara que garantice la reparación efectiva de las víctimas.
/FC/
Articulo sin comentarios
