La Paz, 28 de abril de 2026 (ANF).- La Defensoría del Pueblo propone incorporar las celdas policiales al régimen de ejecución penal como una medida urgente para frenar vulneraciones de derechos humanos en recintos de detención transitoria, en los que se advierten condiciones que favorecen la ocurrencia de torturas y malos tratos.
Según la información brindada a ANF, la integración de estas celdas al sistema regulado por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión permitiría establecer controles jurisdiccionales efectivos, mejorar la supervisión estatal y garantizar estándares mínimos en la custodia de personas privadas de libertad. La Defensoría sostiene que la falta de regulación específica en estos espacios ha generado un vacío que propicia abusos.
La entidad también instó al Órgano Legislativo a aprobar una Ley de Faltas y Contravenciones que permita implementar juzgados contravencionales en materia policial y de seguridad, tal como prevé la normativa vigente. Esta reforma, señala, contribuiría a ordenar los procedimientos y evitar detenciones irregulares en dependencias policiales.
Otro de los puntos centrales es la eliminación del actual modelo de “Comisarías Policiales de Orden y Seguridad”, vigente desde 1993. La Defensoría lo califica como un esquema lesivo para los derechos humanos y plantea su reemplazo por estructuras que respeten la integridad de las personas detenidas.
Asimismo, recomienda la adopción de una estrategia integral que contemple la asignación de recursos suficientes para adecuar las estaciones policiales a estándares internacionales. Esto incluye garantizar acceso a agua potable, alimentación digna, condiciones de higiene adecuadas y atención médica básica.
Las recomendaciones surgen a partir de la evaluación realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) entre 2022 y 2024, que evidenció un deterioro generalizado en las celdas policiales del país.
El informe describe una situación crítica de salubridad: el 70% de estos espacios carece de baño interno, obligando a los detenidos a utilizar sanitarios externos, mientras que en el restante 30% las condiciones son igualmente deficientes.
El diagnóstico también revela graves falencias en infraestructura, especialmente en zonas rurales y fronterizas como Desaguadero, Caranavi, Puerto Quijarro y Llallagua, donde se registran celdas sin ventilación, iluminación ni acceso regular a energía eléctrica.
En cuanto a las condiciones de descanso, la Defensoría constató que la mayoría de las personas duerme en el suelo, sobre frazadas o cartones, y que el 58% de las mujeres detenidas utiliza colchones directamente en el piso. A ello se suman restricciones de movimiento, como el acceso limitado a solo 15 minutos de exposición al sol en casos de arrestos breves.
El informe también advierte sobre la carencia de insumos básicos: la mayoría de las celdas no cuenta con botiquines de primeros auxilios, lo que limita la atención médica, y el 85% no dispone de teléfonos públicos, vulnerando el derecho a la comunicación con familiares o abogados.
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