La Paz, 29 de abril de 2026 (ANF).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) pidió una reforma estructural del sistema judicial en el país, en el marco del debate sobre la denominada Ley Brisa, al advertir que las actuales falencias no solo perpetúan la impunidad en delitos graves, sino que también derivan en la condena de personas inocentes.
A través de un pronunciamiento público, el Comité Ejecutivo Nacional de la APDHB reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y la erradicación de la impunidad, pero subrayó que ninguna norma, por sí sola, podrá corregir los problemas estructurales de un sistema judicial “erosionado y sin confianza ciudadana”.
Según el documento, la ineficiencia judicial —observada también por instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU— genera un “doble daño”: por un lado, no garantiza justicia para las víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes; y por otro, no protege a personas que podrían estar encarceladas sin pruebas suficientes.
En ese contexto, la organización reconoce que la Ley Brisa representa un avance necesario, en la medida en que busca cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad en crímenes contra menores. Sin embargo, advierte que su implementación debe realizarse con responsabilidad, asegurando procesos justos, basados en pruebas sólidas y con pleno respeto al debido proceso, para evitar que las fallas del sistema produzcan nuevas injusticias.
“La defensa de la niñez y la defensa de personas encarceladas injustamente no son agendas opuestas”, señala el pronunciamiento, al enfatizar que ambas problemáticas son consecuencia de un mismo sistema judicial debilitado. En esa línea, la APDHB plantea que cualquier reforma legislativa debe incorporar mecanismos eficaces de revisión y corrección de errores judiciales, en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos.
Entre las principales propuestas, la organización plantea la creación de un sistema de monitoreo externo e independiente, integrado por actores de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales, que tenga la facultad de observar, documentar y denunciar irregularidades en procesos judiciales, particularmente en casos vinculados a delitos contra la niñez y posibles encarcelamientos injustos.
Asimismo, demanda la implementación de políticas de transparencia de datos, mediante la publicación periódica de información clave como tiempos de resolución, tasas de sentencia y absolución, y avances en la reparación a víctimas, desagregados por tipo de delito, género y región.
Otro de los ejes centrales es la asignación de presupuesto específico para la capacitación continua de operadores de justicia —fiscales, jueces y policías— en investigación forense basada en evidencia, derechos humanos y enfoque de género. “Sin formación real, ninguna ley se aplica bien”, advierte en el documento.
La APDHB también propone la creación de un mecanismo formal, autónomo y accesible para la revisión de sentencias judiciales en casos donde existan indicios de error, pruebas insuficientes o vulneraciones al debido proceso, con plazos definidos y obligación de respuesta por parte del Estado.
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