La Paz, 27 de abril de 2026 (ANF).- El robo de armamento del Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, en el municipio de Chua Cocani (La Paz), destapó una presunta red criminal vinculada a la minería ilegal, tras la recuperación de gran parte del arsenal sustraído y la aprehensión de seis personas, varias de ellas integrantes de la Armada Boliviana.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía Boliviana, el material bélico tenía como destino organizaciones dedicadas a actividades ilícitas en regiones mineras, particularmente en Sorata, donde recientemente se reportaron ataques armados y conflictos por avasallamientos de tierras.
“De acuerdo a las investigaciones preliminares, se tiene información que este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras que se dedican a la minería ilegal”, indicaron las autoridades policiales, que también investigan posibles conexiones con ciudadanos extranjeros.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó que mediante operativos de inteligencia se logró recuperar 10 armas largas y cuatro cortas, aunque aún faltan por ubicar un arma larga y dos cortas. “Se ha podido ubicar las armas sustraídas”, señaló.
Las pesquisas establecen que el robo no solo fue planificado, sino que contó con participación interna. Según la Policía, un marinero facilitó la sustracción tras recibir una llamada sospechosa, presentar retrasos en su unidad e intentar ocultar pruebas antes de confesar su implicación.
En total, seis personas fueron aprehendidas y tres arrestadas. Entre los involucrados figuran efectivos militares de distintos rangos, lo que evidencia fallas de control dentro de la institución y posibles vínculos con actores externos. No se descarta la participación de ciudadanos extranjeros, lo que ampliaría el alcance de la red delictiva.
Las autoridades advirtieron que este tipo de delitos tiene alta gravedad, ya que el desvío de armamento militar puede fortalecer a organizaciones criminales. El proceso fue remitido al Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables.
El hecho ha generado preocupación por la posible infiltración de redes ilegales en estructuras estatales y por el uso de armamento militar en conflictos vinculados a la minería ilegal, un fenómeno que en los últimos meses ha incrementado su nivel de violencia en distintas regiones del país.
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