La Paz, 12 de mayo de 2026 (ANF).- La Justicia determinó revocar la detención domiciliaria del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien deberá retornar a la cárcel de Chonchocoro mientras avanzan las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Paralelamente, la Fiscalía admitió una denuncia contra el actual ejecutivo del ente obrero, Mario Argollo, por presuntos delitos previsionales relacionados con el cobro de una pensión por invalidez.
La decisión sobre Huarachi fue asumida por la Sala Penal Cuarta de La Paz durante una audiencia de apelación realizada ayer. El abogado denunciante, Abel Loma, confirmó que el tribunal dejó sin efecto la detención domiciliaria que fue otorgada en abril de este año.
Según explicó el jurista, uno de los principales argumentos considerados por la Sala Penal fue el riesgo de fuga del exdirigente sindical, por lo que solicitó que la Policía proceda con su recaptura y traslado nuevamente al penal de Chonchocoro.
“Debe ser recapturado y llevado nuevamente a la cárcel mientras la Fiscalía desarrolla la investigación”, sostuvo Loma.
Huarachi fue enviado a prisión preventiva en noviembre del año pasado, acusado de presuntamente beneficiarse con recursos provenientes de hechos de corrupción vinculados al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La investigación continúa y no se descarta una ampliación en el plazo de las pesquisas.
En otro caso que involucra al actual dirigente de la COB, la Fiscalía Departamental de La Paz admitió la denuncia presentada por el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, contra Mario Argollo por presuntos delitos previsionales.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público inició la investigación luego del análisis realizado por la fiscal asignada al caso.
“Ya tenemos inicio de investigación dentro de la presente causa; en las próximas horas la autoridad fiscal hará los requerimientos correspondientes para convocar a declarar a este ciudadano”, señaló Torrez.
La denuncia surgió luego de que el legislador denunciara un presunto fraude en el cobro de una pensión por invalidez en 2021. Según Rojas, Argollo habría recibido un cheque de Bs 141.000 tras realizar un trámite que se resolvió en apenas cinco días.
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