A cuarenta y cinco días del inicio de los bloqueos, la evolución de los acontecimientos parece confirmar una hipótesis que sostuve en mi anterior columna, “Morales y su voraz apetito de sangre”. Detrás de las protestas, con la bandera de demandas sociales irresueltas, hoy, emerge con mayor claridad ese objetivo político de alterar la configuración de poder. El objetivo final, obviamente, es el acortamiento de mandato.
El enorme malestar social provocado por el escándalo de la denominada “gasolina basura”, sumado al rechazo que despertó la Ley 1720 -posteriormente abrogada-, y otros escándalos creó el escenario propicio para la conflictividad. Sobre ese descontento legítimo se montó una macabra estrategia política que se devela hoy con absoluta claridad.
Convergen, en objetivos y estrategia, dos actores: el evismo, cuyo líder, ya le dijo a Rodrigo, “que tiene los contados” y la dirigencia sindical corporativa que durante dos décadas “colonizo” al Estado, al punto tal de considerar que “les pertenece y que, tras el cambio de gobierno, perdieron espacios de poder, influencia y privilegios. Antes, con Lucho, estuvieron divididos. Hoy, se vuelven a juntar.
La estrategia desplegada, por ambos, con seguridad de forma coordinada, hasta conseguir el objetivo, es: el bloqueo indefinido, cercos a las ciudades -sobre todo La Paz-, marchas y protestas permanentes con una negativa sistemática al dialogo, poniendo de manifiesto que no son “las demandas” y que los objetivos son genuinamente políticos.
Así, la acumulación de la presión, pretende, por todos los medios posibles, generar violencia y convulsión. Ese es el desenlace vital para sus objetivos. Por eso es que, precisamente, quieren, más que Rodrigo, la inmediata aplicación de la Ley de Excepción. Ese es el escenario ideal a sus intereses políticos. No les importa los daños ni el extremo dolor que puedan provocar. De verdad, es una pena decirlo, pero están sedientos de sangre. Ya verán, como celebrarán la primera baja, en ese sentido. Además, ni no lo consiguen, se sacrificarán entre ellos. Como lo hicieron en Sacaba y Senkata. Ojalá, no se llegue a estos extremos.
Dentro su cálculo, en el menor tiempo posible, y no en 45 días, se consideraba que la escalada de tensión iba a terminar produciendo, precisamente, episodios de violencia con consecuencias fatales, acelerando la crisis de gobernabilidad y la renuncia del presidente. La referencia histórica inevitable es octubre de 2003, cuando la confrontación derivó en decenas de fallecidos y precipitó la renuncia presidencial.
Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias importantes. En octubre del 2003, las movilizaciones, lograron articular a amplios sectores de la sociedad civil. Las demandas tuvieron una importante agregación social. Hoy, en cambio, el escenario es muy distinto, pues las demandas, al margen de la renuncia del presidente, no son nada claras ni concretas y tampoco cuentan con apoyo social.
Más allá del descontento económico que, obviamente, existente, la consigna de acortar el mandato presidencial no parece haber logrado una adhesión masiva de otros sectores de la sociedad civil.
Por el contrario, después de cuarenta y cinco días de bloqueos, los terribles efectos económicos y sociales comienzan a desgastar la legitimidad de las protestas. Comerciantes, productores, transportistas, trabajadores por cuenta propia y miles de familias sufren diariamente las consecuencias de una paralización prolongada que golpea, sobre todo, a los sectores más vulnerables. Con esto, cada día, se están ganando, incluso, el desprecio de su propia gente.
En ese contexto, la prudencia gubernamental adquiere una importancia decisiva. Cada exceso represivo, cada enfrentamiento descontrolado y cada víctima fatal podrían modificar radicalmente el curso del conflicto y fortalecer precisamente la narrativa que los sectores movilizados necesitan para ampliar la protesta.
Los costos acumulados son incalculables. Más allá de las pérdidas económicas, existen daños sociales y humanos cuya reparación demandará mucho tiempo. Cientos de miles de personas han sido afectadas en su trabajo, su producción y sus ingresos. Los transportistas permanecen varados durante días en las carreteras, enfrentando condiciones extremadamente difíciles.
Paradójicamente, esos costos parecen ocupar un lugar marginal frente a los perversos objetivos políticos que persiguen estos actores.
Para Evo Morales, modificar la actual correlación de fuerzas constituye una condición indispensable para lograr impunidad y recuperar protagonismo político. En esa lógica, la profundización de la crisis aparece como un instrumento antes que como un problema. De ahí la intensidad de la confrontación. Se está jugando sus últimas cartas.
Resulta prematuro anticipar el desenlace. Sin embargo, parece evidente que, la administración del conflicto dependerá de la capacidad del gobierno para evitar que la escalada derive en episodios de sangre y violencia. Inteligencia política, prudencia y precisión serán más eficaces que cualquier respuesta hormonal o mecánica.
Pero aun, si el gobierno logra superar esta coyuntura, la verdadera prueba comenzará después. Sobrevivir políticamente no equivale a gobernar exitosamente.
Si la crisis se disipa y Rodrigo Paz no corrige las deficiencias que han erosionado su credibilidad en estos primeros meses -incompetencia, ineficacia, falta de respuestas estructurales y corrupción-, la fragilidad será permanente.
En política, las segundas oportunidades son escasas. Y los gobiernos no caen únicamente por la fuerza de sus adversarios; suelen caer, sobre todo, por la acumulación de sus propios errores.
El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón
