La Paz, 30 de septiembre de 2025 (ANF).- Las víctimas de la masacre de Senkata denunciaron que continúan recibiendo amenazas y advirtieron que el Ministerio Público busca retirarlas del programa de protección de víctimas y testigos tras el cierre del caso. Así lo informó David Inca, activista de Derechos Humanos y representante de las víctimas, quien alertó que la situación se agrava en un contexto de impunidad y falta de garantías para quienes reclaman justicia.
Inca explicó que, pese a las denuncias presentadas, la vulnerabilidad de las víctimas no ha cesado. “Las amenazas persisten contra quienes buscan justicia y también contra quienes acompañamos como defensores de derechos humanos”, declaró a ANF. Frente a ello, se han iniciado gestiones ante instancias nacionales e internacionales para evitar que los afectados queden en la indefensión.
Entre las primeras acciones, detalló que se envió una nota formal a la Defensoría del Pueblo. Según Inca, esta entidad debe activar mecanismos inmediatos de protección, aunque señaló con preocupación que hasta ahora se limita a revisar “qué protocolos tiene”. “La Defensoría no debería consultar nada, debería tener ya un protocolo de protección a víctimas”, cuestionó.
Actualmente, la mayoría de los sobrevivientes y familiares de víctimas están bajo la protección a víctimas y testigos. Sin embargo, Inca denunció que la Fiscalía pretende retirarlos de este amparo, argumentando que, al haberse anulado el juicio del caso Senkata, ya no habría motivo para mantener las medidas. “El motivo continúa, aunque el juicio haya sido anulado, porque las amenazas y el riesgo son reales”, remarcó.
Con el objetivo de frenar esa decisión, los representantes solicitaron una reunión con el fiscal departamental. Allí esperan debatir el tema y escuchar directamente la posición del Ministerio Público, en un intento por garantizar que la protección no se vea interrumpida.
En paralelo, las víctimas también recurrieron a instancias internacionales. Inca anunció que el próximo 2 de octubre sostendrán una reunión virtual con José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este encuentro, se presentarán formalmente las denuncias y se consultará qué acciones concretas puede asumir la CIDH.
Según explicó, la intención es explorar la posibilidad de solicitar medidas cautelares que protejan a todas las víctimas, considerando que las amenazas provienen de sectores afines a los partidos políticos que disputarán el balotaje presidencial. “Queremos que la CIDH tenga conocimiento directo de esta situación y nos ayude en la medida de lo posible”, afirmó Inca.
/FC/
Articulo sin comentarios
