La Paz, 18 de abril de 2024 (ANF).- Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) denunció ante la Fiscalía a 11 exfuncionarios de la gestión 2013-2017, por irregularidades en la construcción de las piscinas que alimentan de materia prima las planta de carbonato de litio y cloruro de potasio; se presume un daño económico al Estado de más de 425,1 millones de bolivianos.
“Que YLB desde 2013 hasta 2017 fue víctima de serias irregularidades, omisiones y presuntos actos de corrupción denunciados ante el Ministerio Público”, informó la presidenta ejecutiva de la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos, Karla Calderón Dávalos.
Una investigación que está reflejada en el informe circunstanciado 04/2024 establece que exautoridades y exfuncionarios, entre ellos, el exdirector de la Gerencia de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, incurrieron en “graves” irregularidades causando un presunto daño económico al Estado de Bs 425.297.717.92.
Calderón dijo que sus actos y decisiones ocasionaron un “irreparable perjuicio económico” que, del total del monto, 212.991.000 bolivianos están involucrados en incumplimiento del contrato y de las especificaciones y, otro monto de 239.995.489 bolivianos involucra el lucro cesante.
La Procuraduría General del Estado se apersonó en la Fiscalía para ser parte de la causa, porque se trata de un “grave daño económico al Estado”. El titular de esta institución, César Siles, dijo que la denuncia se hizo por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos.
Calderón argumentó que en 2021 se encontró la construcción de la planta de carbonato de litio en condiciones lamentables, la construcción estaba en cimientos, las piscinas de evaporación estaban sin funcionar, la implementación en pésimas condiciones, además se detectaron problemas en el diseño del proyecto.
La presidenta ejecutiva de YLB detalló que dentro del complejo industrial existen un total de 20 líneas, cada una con ocho piscinas, de acuerdo al informe circunstanciado y el informe técnico “se establece la inoperabilidad de 18 de las piscinas industriales debido a varios factores que ocasionaron el deterioro de los geosintéticos (…)”.
Identificó tres factores, principalmente. El primero, debido a la inoperabilidad de las plantas porque no se cumplieron las especificaciones que fijó YLB, respecto al espesor de la membrana en la piscina de plástico que debía ser de 0,75 milímetros, pero en la construcción se implementó de 0,55 milímetros, “mucho menor a la especificación que se solicitó”.
El segundo factor crítico es el referido al deterioro de las piscinas. Calderón explicó que se hizo un incorrecto uso de la norma en la soldadura de los geosintéticos. Para unir las membranas se necesita un proceso de soldadura que no se lo hizo.
“Durante la implementación de estas piscinas se hizo hasta cinco pruebas de aire, eso generó un desgaste extra en las soldaduras y en el tiempo se fueron despegando”, afirmó.
El tercer factor fue atribuyó a la mala administración y dirección técnica, dijo que se hizo una exposición de los geosintéticos a la radiación. Es decir que todas las piscinas una vez concluidas tuvieron exposición solar, porque las redes de bombeo no se habían completado.
“Cuando las piscinas estaban concluidas debieron ser llenadas con salmuera para protegerlas, si no era eso se debió tomar presiones para preservar esa instalación, acciones que no se hicieron”, sostuvo, lo que provocó que la fuerte radiación solar generó el deterioro y se fueran “desprendiendo, resquebrajando y son inoperables”.
Procuraduría
La Procuraduría General del Estado en la misma línea de YLB dijo que se trata de un “daño irreparable”, no solo por el factor económico, sino por el retraso del proyecto.
La institución ha intervenido en el caso a pedido de YLB. El procurador del Estado precisó que se presentó en la Fiscalía nueve archivadores de palanca y 4.020 fojas lo que representa el trabajo técnico de recopilación de información que se ha realizado.
“Los tipos penales de corrupción acredita un daño económico al Estado”, afirmó. Asimismo, señaló que los presuntos autores son el exgerente nacional de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, exdirectores, exdirectores de operaciones, personal de la unidad solicitante, supervisores y la empresa contratada. “11 presuntos autores”.
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