La Paz, 19 de mayo de 2026 (ANF).- Las alertas sobre residuos tóxicos en alimentos ponen bajo cuestionamiento al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Investigadores y especialistas en toxicología advirtieron que Bolivia enfrenta un “vacío normativo” y una débil capacidad de fiscalización que estaría permitiendo la circulación de productos agrícolas con altos niveles de plaguicidas, varios de ellos prohibidos en otros países por sus efectos sobre la salud humana y el medioambiente. ANF pidió información a Senasag y no recibió respuesta.
Tito Villarroel, investigador de la Fundación AGRECOL Andes, sostuvo que el problema no solo radica en la falta de controles efectivos, sino también en la obsolescencia de las normas que regulan los agroquímicos en Bolivia. Según explicó, la lista de pesticidas prohibidos que maneja el Senasag ya no responde a la realidad del mercado actual.
“El listado oficial está completamente desactualizado. Muchos de los productos que aparecen allí ya ni siquiera se usan, mientras que agroquímicos modernos y altamente peligrosos ingresan al país sin restricciones claras”, afirmó el investigador a ANF.
Para Villarroel, esta situación genera un escenario de indefensión para los consumidores, ya que el Estado carece de herramientas técnicas y legales para detectar y sancionar la presencia de residuos tóxicos en frutas, verduras y otros alimentos de consumo masivo.
Uno de los principales cuestionamientos del investigador apunta a la ausencia de laboratorios especializados en Bolivia capaces de realizar análisis multi residuos de plaguicidas. Explicó que la Fundación AGRECOL debe enviar muestras al laboratorio CEIMIC, en Perú, debido a que en el país no existe tecnología acreditada para identificar los más de 600 tipos de pesticidas utilizados actualmente en la agricultura.
“Estamos hablando de sustancias invisibles que no pueden detectarse a simple vista. El Senasag suele enfocarse en si el alimento está limpio o tiene tierra, pero el verdadero peligro son los residuos químicos”, señaló.
El especialista considera que la noción de “inocuidad alimentaria” aplicada por el Senasag es limitada y superficial, porque se concentra en aspectos físicos del producto y no en su composición toxicológica. A ello suma otro problema estructural: la inexistencia de Límites Máximos Permisibles (LMP) de residuos químicos establecidos por normativa nacional.
“Bolivia no tiene parámetros propios que definan cuánto residuo químico puede contener un alimento. Eso deja a las autoridades sin herramientas claras para decomisar o retirar productos contaminados”, explicó Villarroel.
Ante ese vacío, las investigaciones independientes suelen recurrir a estándares internacionales, como los de la Unión Europea o el Codex Alimentarius, para evaluar riesgos sanitarios.
Las críticas coinciden con observaciones realizadas en los últimos años por organizaciones como la Fundación Solón y Probioma, que denunciaron la escasa fiscalización sobre el uso de agroquímicos y el ingreso de pesticidas de contrabando. Estas instituciones también alertaron sobre la expansión de un modelo agrícola dependiente de monocultivos y sustancias químicas, impulsado —según sus observaciones— por políticas estatales favorables al agronegocio.
Desde el ámbito médico, el toxicólogo del Hospital Viedma, Ramiro Cadima, sostuvo que la situación refleja una profunda negligencia institucional. Aseguró que la inocuidad alimentaria en Bolivia está “altamente descuidada” y que el Senasag no cumple adecuadamente su función de proteger la salud pública.
“El problema es que no existe un control serio. Se otorgan permisos y sellos de garantía a productos que incluso están restringidos o prohibidos en otros países”, afirmó el especialista a ANF.
Cadima cuestionó además la capacidad técnica del personal encargado de la fiscalización. Recordó una experiencia en un mercado de Cochabamba, donde consultó a funcionarios del Senasag sobre el significado de las bandas toxicológicas de colores en los plaguicidas y, según relató, no supieron responder.
“Eso demuestra una falta de preparación alarmante. Muchos cargos se politizan y la fiscalización termina reducida a obedecer órdenes sobre qué decomisar y qué no, sin criterios científicos”, sostuvo.
El toxicólogo también denunció que Bolivia se habría convertido en un mercado para agroquímicos desechados en otras partes del mundo. Según afirmó, existen productos altamente peligrosos que continúan ingresando legalmente al país con autorización estatal.
“Todavía se encuentran sustancias como el DDT (dicloro difenil tricloroetano) o herbicidas vinculados al agente naranja. Además, existe un uso indiscriminado de glifosato y paraquat en cultivos de soya, arroz, banano, piña e incluso coca”, advirtió.
Cadima señaló que diversas investigaciones académicas supervisadas por él detectaron niveles preocupantes de órganos fosforados —compuestos neurotóxicos— en alimentos de consumo cotidiano como tomate, perejil, apio y cebolla. Según explicó, algunas muestras superaban hasta siete veces los límites internacionales permitidos.
“Estos químicos se acumulan tanto en la piel como en las semillas de los alimentos y pueden generar intoxicaciones agudas, fibrosis pulmonar, alteraciones neurológicas y hasta malformaciones congénitas”, alertó.
Las observaciones de ambos especialistas se suman a estudios independientes que identificaron residuos de pesticidas en productos comercializados en mercados bolivianos y rastros de glifosato en personas expuestas a fumigaciones o al consumo de alimentos contaminados.
Ambientalistas y organizaciones sociales advirtieron que, además de los riesgos para la salud humana, el uso intensivo de agroquímicos está generando contaminación de suelos y fuentes de agua.
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