La Paz, 9 de junio de 2026 (ANF).- La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y representantes de los gremiales expresaron su respaldo al decreto de reprogramación y refinanciamiento de créditos promulgado por el presidente Rodrigo Paz para los sectores afectados por los bloqueos; sin embargo, advirtieron que exigirán que la medida no implique el cobro de intereses adicionales, multas ni cargos financieros durante el periodo de alivio.
Helen Rivero, dirigente de Conamype, señaló que el anuncio del Gobierno recoge parcialmente una demanda planteada por el sector, aunque insistió en que la prioridad es establecer un periodo de gracia o congelamiento temporal de las deudas.
“Vamos a pedirle y exigirle al Gobierno que se congelen las deudas, que no se cobre ni interés ni capital, porque si vamos a reprogramar un crédito corremos el peligro de que cobren interés sobre interés”, afirmó.
Rivero recordó que durante la pandemia muchos beneficiarios de medidas similares terminaron pagando montos significativamente mayores debido a la acumulación de intereses, situación que calificó como una preocupación para los microempresarios. Según datos de Conamype, alrededor del 80% de los 650.000 emprendedores y pequeños empresarios del país mantiene obligaciones financieras que se han visto afectadas por la paralización económica derivada de los bloqueos.
En la misma línea, el secretario ejecutivo de la Central de Trabajadores de Bolivia y representante de los gremiales de El Alto, Antonioo Siñani, indicó que el sector respaldará la medida siempre que la reglamentación garantice “cero multas y cero intereses”.
“Ya no queremos que nos engañen. Si hoy el Gobierno está sacando este decreto, en la reglamentación tenemos que estar presentes todos los sectores para dejar claro que queremos cero multas y cero intereses”, sostuvo.
El dirigente afirmó que los trabajadores por cuenta propia sufrieron pérdidas de hasta el 80% y 90% de su capital de operación debido a los conflictos y bloqueos, por lo que consideran indispensable contar con un plazo de al menos seis meses para reactivar sus actividades económicas.
Las declaraciones surgen después de que el presidente firmara el Decreto Supremo 5630, que permite la reprogramación y refinanciamiento de créditos para personas cuya capacidad de pago se haya visto afectada por los bloqueos.
El decreto establece que las entidades de intermediación financiera y las empresas de arrendamiento financiero deberán evaluar y atender las solicitudes de refinanciamiento o reprogramación de créditos presentadas voluntariamente por sus clientes, tomando en cuenta su situación económica.
No obstante, tanto Conamype como los gremiales anunciaron que buscarán participar en la elaboración de la reglamentación de la norma para asegurar que los beneficios se traduzcan en un verdadero alivio financiero y no en una acumulación futura de deudas para los sectores afectados.
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