Bolivia se encuentra en la sala de espera de un vuelo decisivo. Combustiona internamente, se estabiliza micropolíticamente, ve el Mundial. El gobierno enfrenta una tensión cuasinatural, por alguna razón sigue en un rol conciliador, conviviendo con fuerzas políticas contradictorias, intentando articular a sectores extractivistas con sindicatos, pequeños propietarios y organizaciones campesinas. Sin embargo, lo que más inquieta es la aparente parálisis de su política más potente, por ser estructural (y su gran oportunidad para despegar de una vez): el proyecto del 50/50. Este vuelo responde a un desafío ineludible, el de repartir el poder del Estado a los departamentos y municipios. La promesa de desconcentrar el poder estatal no es poca cosa, pues, impacta directamente en el nudo organizativo de nuestras microsociedades.
Rodrigo Paz propuso el proyecto del 50/50 contemplando la descentralización y el federalismo como la vía para la cohesión boliviana y el fin de lo “tranca”. Descentralización, si lo entendemos bien, no es otra cosa que la desconcentración del poder político y económico. Repartir el poder (sería más suave usar la palabra competencias, y refiere a lo mismo). En sus primeros pasos, la gestión del gobierno ha enfrentado la inmensa presión de sectores tradicionales, viéndose forzada a abrogar normativas y soportar semanas de bloqueos. Postergaron el debate de fondo, y al hacerlo, asumieron posturas paternalistas. Si no hay cambios estructurales, los conflictos de convivencia entre las diferentes Bolivias vitales (como pensó el intelectual Federico Ávila Ávila) seguirán rebotando. ¿No cansa pasar de crisis en crisis? Creo que estas son las últimas oportunidades de afrontar el problema estructural.
El 50/50 se resolverá, indefectiblemente, bajo una de dos vías. La primera, y la más probable si el gobierno no interviene con lucidez histórica, es que el desenlace sea capitalizado por las élites más dependientes del poder estatal; grupos de poder que, de paso, se escudan en la retórica de la redistribución fiscal o de un federalismo de cúpulas. Esto fortalecerá sus privilegios, concentrará el poder político y económico en micropuntos geográficos del país —no en beneficio de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o Tarija como regiones, sino de sus propias casonas y corporaciones—. La segunda vía, la que propongo defender en esta serie de artículos, exige partir de un marco teórico que replantee lo que significa realmente una desconcentración radical del poder político y económico. Y es aquí donde radica la oportunidad histórica, tanto para el gobierno como para el anarquismo.
Para comprender esta segunda vía, antes hay que despojarse del estigma que reduce el anarquismo al caos. El anarquismo filosófico contemporáneo no prescribe que los individuos actúen ignorando todo derecho humano. Por el contrario, exige que los ciudadanos asuman la madurez de determinar sus acciones a través de un riguroso balance ético de razones, evaluando el actuar del Estado de forma crítica. Esto significa preguntarse, caso por caso, si las normativas benefician genuinamente a la sociedad o si solo sirven a intereses ajenos, permitiendo a la ciudadanía tomar decisiones basadas en consideraciones morales independientes.
La traducción práctica de esta teoría es clarísima. Tan solo pensemos en el caso reciente del gerente de BoA, viajando a Miami por 933 Bs. mientras los vuelos internos (como a Tarija) resultan inaccesibles. El reclamo ante este exceso es el resultado del balance de razones que realiza una ciudadanía atenta (más allá de que se le haya jugado sucio al ahora ex gerente Valdivia); es necesaria la interpelación ciudadana que exige al Estado rectificar a favor de la moral pública, para así revelar su ilegitimidad institucional. Del mismo modo, cuando se imponen normativas diseñadas para el acaparamiento (como las trampas escondidas en la abrogada Ley 1720), la desobediencia civil deja de ser un delito para convertirse en un mecanismo de corrección democrática, un deber indispensable para construir un orden libre de asimetrías opresivas.
La praxis política, sin embargo, nos exige involucrarnos en la gestión cotidiana y observar la cruda realidad territorial, promoviendo un metabolismo directo entre el área urbana y rural. ¿Cómo iniciamos operativamente esta desconcentración? Mi propuesta pasa por una medida de transición: utilizar como palanca de disolución al propio Viceministerio de Autonomías.
Proponer que el anarquismo opere desde un Viceministerio suena a una paradoja. Si desconfiamos del Estado, ¿por qué utilizar sus instituciones? La respuesta ética nos la ofrece Noam Chomsky a través de la carga de la prueba. En términos sencillos, toda autoridad nace bajo sospecha; quien ejerce el poder tiene la obligación de demostrar por qué es estrictamente necesario hacerlo. Chomsky lo ilustra claramente: si un padre ve a su hija correr hacia una avenida transitada y la sujeta del brazo para detenerla, ejerce un poder autoritario. Sin embargo, esa coacción está plenamente justificada para evitar un daño fatal.
Supera la carga de la prueba.
Hoy, el Estado boliviano y sus recursos corren ciegamente hacia ese sendero: corren el riesgo de consumirse por el rol de ser autoridad y cometer excesos. Intervenir desde el Viceministerio de Autonomías debería ser, en teoría, hacerle caso a los reclamos legítimos de los ciudadanos, y ver de pasar la competencia justiciera al municipio que corresponda. Actualmente, esta intervención estaría en las manos del tarijeño Adrián Oliva. Es aquí donde el lente anarquista debe ser implacable. Se conoce su trayectoria, pero también se conoce su condición de allegado a Samuel Doria Medina. Esto obliga a plantear una sospecha legítima sobre la verdadera misión de su autoridad transitoria.
La cercanía con las élites empresariales tradicionales nos hace cuestionar si este Viceministerio, por definición descentralizador, podrá realmente desconcentrar el poder hacia el metabolismo de las bases y los territorios, o si su versión de la autonomía es simplemente una matriz privatizadora que pretende administrar nuestra dependencia bajo nuevas gerencias corporativas. Es una situación peligrosísima. Oliva lleva hoy sobre sus hombros la carga de la prueba, aunque tarde o temprano tal responsabilidad la tendrá Rodrigo Paz. Lo que hagan administrativamente solo se justificará moralmente si logra frenar la catástrofe de la concentración asimétrica, deja de hacer de gobierno conciliador, y más bien transfiere esa capacidad (reparte el poder estatal) de inmediato a los sectores donde se concreta la micropolítica: juntas barriales, reuniones comunales, subcentrales, centrales, sindicales, municipales (en lo personal, hoy dudo de la organización departamental, por eso no la pongo).
Afirmo, entonces, que el Viceministerio de Autonomías debe operar como una herramienta de autodisolución. Su misión no es conciliar con las regiones ni entregarlas a nuevos privados, esto tan solo marcaría el fracaso de su soñado federalismo. La misión para empezar es transferir poder político y económico a los municipios para que las élites centrales también se esparzan. Para lograr desconcentrar el poder, debemos materializar lo que verdaderamente persigue el anarquismo, la libertad, entendida como el desarrollo pleno de las facultades materiales, intelectuales y morales latentes en cada individuo. Una guerra contra la autoridad ilegítima, del abuso elitista y la corrupción.
Este es, por lo tanto, un momento decisivo y una invitación abierta para quienes simpatizan con el activismo político y territorial en Bolivia. Las ideologías de la izquierda indianista están tumbadas y moribundas; mientras que la derecha parásita es cochinadamente feliz. Es nuestro deber inmediato abandonar la resistencia pasiva y ofrecer soluciones concretas, sólidamente respaldadas por la teoría. La política diaria que observo en Tarija es sumamente pragmática, intuitiva, y estratégica, pero vaya que adolece de una alarmante carencia de ideas y horizontes. Desde la alcaldía y la gobernación se exige más autonomía, más competencias y más recursos, aunque paradójicamente parecen disfrutar el paternalismo coyuntural de Rodrigo Paz (pues les ahorra trabajar). Se pierde de vista el horizonte sustancial que necesita ver el país: la libertad de quienes sufren abusos de poder y enfrentan obstáculos educativos y laborales, como los jóvenes migrantes urbanos y rurales, quizás porque alcanzar este horizonte exige teorizar, sentarse a leer, estudiar, y al último decidir en contra de los que gozan injustamente de privilegios. En el bando contrario, imperan las sucias mañas para la acumulación de riqueza y la sobrepoblación de élites, un escenario trágicamente ilustrado en la Rebelión en la granja.
Con esta reflexión, no busco formular soluciones para ir a rogarle al precavido gobierno, lamentablemente acosado por élites parásitas, que las cumpla —eso sería confiar en su autoridad más que en el poder real que reside en los ciudadanos—. Mi propósito es demostrarnos a nosotros mismos que aún se puede cambiar el rumbo del país. Un camino que, lamentablemente para algunos, pero por necesidad histórica para quienes buscamos la libertad, solo parece posible a través de la vía anarquista.
El autor es licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés y maestrando en Filosofía en la UNQ de Buenos Aires. Es profesor y consultor social.
