La Paz, 8 de mayo del 2026 (ANF). – Faifer Cuajera, dirigente de los campesinos de Pando, sostuvo este viernes que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) conoce quiénes son traficantes de tierras en Bolivia, pero las autoridades no actúan contra ese delito.
“Me gustaría que en otra oportunidad (dar mayor explicación). Aquí mismo, el director del INRA, ellos saben quiénes son los que trafican la tierra, ellos saben y se hacen de la vista gorda (diciendo) que no saben. Nosotros siempre hemos confiado en los profesionales; no nos interesa de dónde hayan sido los directores nacionales y departamentales”, sostuvo Cuajera a la ANF.
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, advirtió esta semana que el latifundio está prohibido en Bolivia por la Constitución Política del Estado y pidió denunciar si algún ciudadano conoce casos.
El tema surgió en medio del pedido de la abrogación de la Ley 1720 de conversión de pequeñas a medianas propiedades demandado por los marchistas que llegaron a la sede de Gobierno desde Pando y Beni. El pedido es respaldado por una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari.
Mientras tanto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresaron su rotundo rechazo a la abrogación de la Ley 1720.
Los cívicos y productores aseguran que eliminar esa norma es un retroceso para la producción agrícola y esperan que el Gobierno no se deje amedrentar “por unos cuantos que quieren seguir con el Estado tranca”.
El senador impulsor de la Ley de conversión de tierras, Branko Marinkovic, también defendió a los productores cruceños porque supuestamente “el 80% de los asociados a la CAO son pequeños productores y necesitan esa ley”.
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