La Paz, 8 de abril de 2026 (ANF).- El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley 157 que habilita la reclasificación de la pequeña propiedad agraria para facilitar el acceso a créditos, mientras organizaciones de la sociedad civil alertaron que la norma podría derivar en procesos de concentración de tierras y vulnera la Constitución Política del Estado.
“Aquí está la Ley 157 que autoriza al INRA a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana… la voy a firmar acá para promulgarla como ley”, afirmó el mandatario durante un acto en Santa Cruz, donde participó en actividades de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ).
Según explicó el jefe de Estado, la norma busca brindar mayores oportunidades económicas a los pequeños propietarios, permitiéndoles utilizar sus tierras como garantía para acceder a financiamiento. “Van a depender de sus propias capacidades, de la seguridad de que esa propiedad es suya y la puedan usar para potenciar y desarrollar sus capacidades”, sostuvo.
Paz enfatizó que la reclasificación será opcional y gratuita, descartando que exista riesgo de pérdida de tierras. Además, aseguró que la ley apunta a convertir la tierra en un eje estratégico de desarrollo, al tiempo que cuestionó visiones políticas que —según dijo— han frenado el crecimiento económico. “Este país no es de izquierda ni de derecha, es un país que quiere generar (…) ahora se trata de invertir y producir”, subrayó.
Organizaciones advierten riesgos estructurales y pide revisión de la norma
Desde la sociedad civil, la Red UNITAS y más de 50 organizaciones expresaron su preocupación por la promulgación de la Ley 157, al considerar que podría generar impactos estructurales en el régimen agrario del país.
En un pronunciamiento conjunto, las instituciones advirtieron que la norma vulnera disposiciones de la Constitución Política del Estado, como la protección de la pequeña propiedad agraria como patrimonio familiar inembargable, la prohibición del latifundio y el rol del Estado en la verificación de la Función Económico Social (FES).
Asimismo, alertaron que la flexibilización de controles y la posibilidad de reclasificación podrían facilitar procesos de concentración de tierras y exponer a pequeños productores a dinámicas de mercado, endeudamiento y eventual pérdida de sus predios. “Se abre la puerta a procesos de reconcentración de la tierra, con alto impacto social, ambiental y cultural”, señala el documento.
Las organizaciones también cuestionaron la falta de consulta previa y de espacios de deliberación pública, especialmente con pueblos indígena originario campesinos. En ese marco, exhortaron al Ejecutivo a reconsiderar la norma y promover un diálogo amplio, técnico y participativo, además de evaluar alternativas como el fortalecimiento de mecanismos de crédito productivo sin modificar el régimen agrario.
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