Después de la desmovilización del paro de más de 50 días en Bolivia y de la promulgación del estado de excepción, el gobierno de Rodrigo Paz anunció, el viernes 26 de junio, mediante una resolución ministerial, el fin del tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar, vigente durante casi quince años. En su reemplazo, estableció un régimen de tipo de cambio flexible, que sustituyó al esquema fijo aplicado desde 2011. La medida entró en vigencia el lunes 29 de junio.
Días después, esta decisión gubernamental provocó un fuerte remezón en el sector inmobiliario debido al incremento de las cuotas por terrenos e inmuebles, ya que la mayoría de los contratos fueron pactados en dólares estadounidenses pero pagados a partir de un plan de pagos en bolivianos. Esta situación llevó a cientos de personas a organizarse para protestar y movilizarse en defensa de los términos originalmente acordados en sus contratos. Hasta el momento se han realizado tres marchas multitudinarias en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra: la primera el miércoles 1 de julio, la segunda el sábado 4 de julio y la tercera el sábado 11 de julio.
En los últimos días, algunas urbanizaciones, presionadas por las movilizaciones y las vigilias de los vecinos, ofrecieron soluciones temporales, como mantener el tipo de cambio pactado durante algunos meses. Otras, aunque muy pocas, anunciaron que respetarán plenamente el tipo de cambio establecido en los contratos. Sin embargo, la mayoría continúa proponiendo medidas transitorias, probablemente con la expectativa de que el movimiento pierda fuerza, se desorganice y termine desmovilizándose. Algunas empresas inmobiliarias sostienen que corresponde al Gobierno resolver el problema, cuando ellas también podrían hacerlo respetando las condiciones originalmente pactadas con sus clientes. Cabe recordar que solo en el departamento de Santa Cruz existen más de un centenar de urbanizaciones.
En este contexto continúa vigente una pregunta fundamental: ¿qué ocurrirá con los contratos de compra de terrenos firmados bajo el tipo de cambio oficial de los 6,96 antes de la adopción del régimen de tipo de cambio flexible? Un economista representante de la escuela austriaca afirmó, en una entrevista concedida a El Deber, que los compradores deberán pagar al precio del tipo de cambio que fija el mercado. Esa interpretación coincide con la posición de muchas urbanizaciones, que pretenden incrementar aún más sus ganancias aprovechando la nueva política cambiaria.
Surgen entonces varias interrogantes sino se resuelve este problema: ¿cuál será el impacto económico de la fluctuación del tipo de cambio sobre las familias que aún tienen cuotas pendientes por sus terrenos? ¿Qué mecanismos legales y de negociación podrán aplicarse para resolver las controversias entre compradores y empresas inmobiliarias? ¿Cómo transformará el nuevo régimen cambiario las dinámicas de pago, negociación y regulación del mercado de lotes en Bolivia? ¿Qué estrategias adoptarán los usuarios y las empresas frente a las futuras medidas políticas y legislativas relacionadas con el tipo de cambio flexible?
En mi caso particular, que también me encuentro pagando un lotesito aquí en Santa Cruz. Esta medida gubernamental me llevó a revisar, con la ayuda de una amiga abogada, el contrato de venta con reserva de derecho propietario suscrito con la empresa Mapaizo. Al analizar el documento pude comprobar que una de sus cláusulas establece que el precio del lote queda fijado en dólares estadounidenses y que dicho monto será cancelado en 96 cuotas expresadas en bolivianos, sin ningún tipo de interés, conforme al plan de pagos adjunto al contrato, el cual forma parte integrante e indivisible del mismo. Ese equilibrio contractual queda alterado con la decisión gubernamental de implementar el tipo de cambio flexible, situación que muchas empresas inmobiliarias buscan aprovechar en su beneficio.
Después de conocer las consecuencias de esta medida, busqué información sobre los grupos de vecinos que comenzaban a organizarse para protestar. Primero acudí a la oficina de Mapaizo, ubicada sobre la avenida Irala, que permanecía cerrada durante toda la semana. Allí encontré a algunas vecinas que realizaban su protesta en pleno sol y me informaron sobre una reunión que se realizaría el día mañana en la oficina de la empresa ubicada en la avenida Virgen de Cotoca. Al día siguiente asistí a esa reunión y me sorprendió el nivel de organización que empezaban a construir los vecinos afectados.
Días antes había escrito comentarios en distintas páginas de noticias de Facebook preguntando si existía algún grupo de WhatsApp de Mapaizo Norte que estuviera organizándose. Rápidamente un colega de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Gabriel Rebe Moreno (UAGRM) me respondió informándome sobre las reuniones que se realizaban precisamente en la oficina de Mapaizo en la avenida Virgen de Cotoca a la entrada de Montecristo. Allí pude observar que la organización de los vecinos afectados podía convertirse en la semilla de un nuevo movimiento social en Santa Cruz: una nueva forma de acción colectiva integrada por vecinos de decenas de urbanizaciones que, además de defender sus derechos, comenzaba a destapar diversas irregularidades en el negocio inmobiliario. Lo novedoso fue que en dicha reunión también participaron vecinos de otras urbanizaciones aparte de Mapaizo sur, este y norte como vista Verde, el Cairo, Mi Rancho y otras, afectados por el mismo problema: la aplicación del tipo de cambio flexible en quienes aún pagan sus lotes.
Antes del fin de semana recibí mensajes de otro colega politólogo que enfrentaba la misma situación, pero en la urbanización El Pauhichi y me hizo acuerdo de participar en la marcha del 11 de julio que se concentraría en el Parque Urbano donde se encontrarían las personas afectadas de todas las urbanizaciones de Santa Cruz. A continuación, relato esa experiencia y presento una mirada sociológica sobre una movilización donde participe, cuya principal demanda es el respeto al tipo de cambio de Bs 6,96 establecido en los contratos de compra de terrenos.
La mañana del 11 de julio, vecinos provenientes de distintas urbanizaciones se convocaron mediante grupos de WhatsApp, páginas de Facebook y cuentas de TikTok para concentrarse en el Parque Urbano. Poco a poco fueron llegando con pancartas, letreros, banderas y vuvuzelas. La multitud que se conglomeraba evidenciaba la existencia de una estructura mínima de movilización y de ciertos mecanismos de coordinación que permitieron organizar esta marcha por las calles de Santa Cruz. El recorrido pasó por la avenida Irala y después por la avenida Cañoto, donde se encuentran varias oficinas de empresas inmobiliarias, y concluyó en el segundo anillo en el monumento Cristo Redentor. Allí los principales dirigentes pronunciaron sus discursos y, posteriormente, mediante consulta a los asistentes, se aprobaron tres resoluciones: masificar las movilizaciones; tomar posesión de los terrenos; y presionar al Gobierno para que adopte medidas en defensa de los compradores.
La movilización concluyó luego de que la Policía advirtiera que haría uso de la fuerza pública para dispersarla, argumentando la vigencia del estado de excepción. Este argumento resultó, cuando menos, cuestionable, ya que dicha medida tenía un alcance sectorial y no comprendía a la ciudad capital de Santa Cruz.
Al observar a las personas presentes en la marcha, pude apreciar una notable diversidad social y cultural: cambas, collas y chapacos; mujeres de pollera; vecinos provenientes de distintos barrios y ciudadelas de Santa Cruz, como el Plan 3000, Villa Primero de Mayo, Los Lotes, Satélite Norte y Cotoca; jóvenes profesionales; obreros; comerciantes; y trabajadores de múltiples ocupaciones. Desde una perspectiva sociológica, esta heterogeneidad expresaba una manifestación de lo nacional-popular en una ciudad que sintetiza, en su tejido social y cultural, la diversidad del país. Más allá de sus diferencias de origen, ocupación o identidad religiosa, todos compartían una misma demanda: el respeto a los 6,96 en el pago de sus lotes de terreno y la posibilidad de concretar, en el futuro, el proyecto de construir una vivienda propia.
Desde sus inicios, este movimiento adoptó como principales repertorios de protesta la realización de vigilias frente a las oficinas de las urbanizaciones, manifestaciones en las sedes de los medios de comunicación hegemónicos con participación accionaria en diversas empresas inmobiliarias, visitas de protesta a las oficinas de defensa del consumidor para exigir inspecciones a las empresas del sector inmobiliario y principalmente las marchas pacíficas por el centro de la ciudad. Estas acciones fueron difundidas principalmente a través de medios alternativos de comunicación y de redes sociales como Facebook, WhatsApp y TikTok. En contraste, recibieron una cobertura limitada por parte de los medios de comunicación tradicionales como Unitel y Red Uno.
Desde la teoría de los movimientos sociales, toda acción colectiva posee al menos tres componentes fundamentales: una estructura de movilización o sistema de toma de decisiones; una identidad colectiva sustentada en valores y referentes culturales compartidos; y un repertorio de movilización o métodos de lucha. El movimiento que exige el respeto al tipo de cambio 6,96 aspira a consolidarse como un actor social organizado. Para lograrlo aún debe fortalecer su agenda estratégica, consolidar sus estructuras organizativas y mejorar la coordinación logística de sus acciones colectivas y repertorios de movilización. Pero sobre todo poder incidir en los órganos de poder del Estado tanto en el Ejecutivo y el Legislativo nacional para que aprueben una norma que obligue a las empresas inmobiliarias a respetar los 6,96 en el pago de los lotes adquiridos antes de la promulgación del tipo de cambio flexible y una ley que regule de manera más minuciosa el negocio inmobiliario en el país.
No obstante, los embriones de este movimiento ya han logrado visibilizar diversas irregularidades relacionadas con el funcionamiento de varias empresas inmobiliarias. Entre las principales denuncias se encuentran los casos de urbanizaciones que, una vez concluido el pago de los lotes por parte de los compradores, no entregan de manera oportuna las minutas de transferencia ni la documentación que acredita el derecho de propiedad. En este contexto, el principal desafío consiste en preservar la unidad, la organización y la movilización pacífica que han caracterizado al movimiento desde sus inicios, así como mantener su capacidad de iniciativa estratégica. Asimismo, será fundamental ampliar el respaldo de otros sectores de la sociedad civil y promover el apoyo de diputados y senadores para fortalecer la defensa de la seguridad jurídica y la fiscalización de las cláusulas abusivas presentes en los contratos de compraventa de lotes de terreno en el país.
El autor es politólogo e investigador social.
