La Paz, 2 de abril de 2024 (ANF).- Una resolución defensorial y una instrucción constitucional que evidenciaron que el exdirigente cocalero César Apaza fue víctima de tortura a manos de la policía fueron insuficientes para la fiscalía que decidió rechazar la investigación; y, por el contrario, repuso una acusación, que está a la espera del inicio de un juicio, en contra del productor por posible lesiones a una uniformada el día en que fue detenido de manera ilícita por desconocidos.
“Pese a que ha existido una Resolución Defensorial y se había puesto en conocimiento de la Fiscalía, ese caso prácticamente lo dejaron ahí, no prosperó, no se convocó bajo ninguna situación a declarar a la víctima, en este caso a César Apaza, y quedó así”, dijo la abogada Evelyn Cossío a ANF.
En el mismo sentido, el abogado Jorge Valda recordó que la fiscalía inició un proceso investigativo, pero lo rechazó antes de tomar la declaración a alguna persona.
“Siendo que la tortura es un delito de lesa humanidad, no puede y no podía haberse permitido que exista tal cierre inesperado del caso, pero se ha determinado por parte de la Fiscalía rechazar esta denuncia y dejar en total estado de vulnerabilidad a la situación que ha atravesado César Apaza”, remarcó.
Dijo que antes de la resolución defensorial, existe incluso la orden de un juez que dispuso se sancione a los policías que procedieron a torturar a César Apaza, y se determinó que los policías que torturaron a César Apaza son miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, pero “ellos ahora aparecen como víctimas en el proceso que le han iniciado a César Apaza por violencia, por lesiones”.
“Es un proceso (de supuestas lesiones) que ha sido rechazado en tres oportunidades, pero en el que imputaron a César Apaza por supuestamente dar un cabezazo a una oficial de la policía cuando estaba siendo detenido, cuando se ha determinado que esa detención y esa aprehensión han sido ilegales, pero en ese entendido no se ha iniciado ni se ha sancionado a ningún policía que ha torturado a César Apaza”, enfatizó.
Sin embargo, por ese caso, César Apaza “tiene una acusación formal ante el juzgado de sentencia, aguardando el inicio de la etapa de juicio oral”, agregó Cossío.
La madrugada del 22 de septiembre de 2022, el dirigente cocalero fue interceptado por al menos ocho sujetos no identificados encapuchados cuando bajaba de un taxi cerca del mercado de los productores de coca de La Paz (Adepcoca) en Villa Fátima. Los desconocidos, que luego resultarían ser policías, le rociaron abundante gas lacrimógeno en la cara. Apaza se defendió, pero lograron introducir la mitad de su cuerpo a un vehículo sin placas, que se dio a la fuga con él, donde recibió más golpes para inmovilizarlo. En ningún momento de la intervención, similar a un secuestro exprés, alguien se identificó como policía o fiscal para dar legalidad al operativo.
“Esos supuestos policías y digo supuestos porque tengo la sensación de que son parapolicías, golpean sin medida, la forma como agreden, no se identifican, prefabrican pruebas, en ningún momento actuaron como en Ley corresponde, informándole que está aprehendido por tales delitos, no, lo golpearon y se lo llevaron”, dijo a ANF la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Marina Vargas.
Tras la violenta aprehensión, Apaza siguió recibiendo golpes en el vehículo sin identificación que lo llevaba sin destino conocido. Recuerda que solo se sintió más aliviado cuando se dio cuenta de que llegaba a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. Sin zapatos, custodiado por los efectivos encapuchados, fue ingresado por la puerta principal al cuartel policial de la calle Sucre.
En el primer ambiente a mano derecha lo esperaba el coronel Rolando Rojas, director departamental de la FELCC, para garantizar que Apaza firme la orden de aprehensión. Ante la negativa, los encapuchados arremetieron contra el dirigente: una contundente patada a la altura de riñón derecho lo hizo doblar de dolor, los golpes seguían contra toda su humanidad, espalda, abdomen y cabeza hasta que se desplomó, en ese momento otro policía le aplicó un fuerte pisotón en la mano derecha que le causó un intenso dolor.
El coronel Rojas, representante de la institución policial, supervisaba con diligencia las torturas y tratos crueles hacia Apaza, quien para detener el sufrimiento accedió a firmar el documento. Lo hizo como pudo. Pidió una llamada para contactar a su abogado y el policía se lo negó.
De acuerdo al informe del comando departamental de la Policía de La Paz, del operativo participaron cinco efectivos, entre ellos el teniente Alberth Burgos Saavedra y la subteniente Soledad Limachi Huanca, por instrucción de la Dirección Nacional de Inteligencia, que hace de policía política del Ministerio de Gobierno.
Pese al evidente estado de malestar físico y psicológico de Apaza, tras la tortura, que fue certificado por la Defensoría del Pueblo, el fiscal de materia Carmelo Laura Yujra le negó la atención médica en reiteradas oportunidades.
Para el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), dependiente de la fiscalía, los daños sufridos por Apaza no significan días de impedimento laboral, según se lee en la valoración médica realizada.
El juez séptimo de instrucción penal de La Paz, Luis Fernando García Mamani, tampoco dispuso la atención médica para Apaza.
Pese a existir una solicitud de la Defensoría del Pueblo de realizarse exámenes complementarios y el protocolo de Estambul, método para investigar y documentar la tortura, el fiscal Laura Yujra, en base al informe policial que señala que la detención se realizó respetando los derechos humanos, y a su limitado conocimiento, respondió que de acuerdo a “un análisis individual y conjunto de los elementos colectados en base al informe policial (…), no se puede establecer que hubo tortura”.
Los instrumentos internacionales vinculan el derecho a la integridad personal con la prohibición absoluta de la tortura, que es considerada dentro de la categoría más alta de las normas internacionales. El derecho a no ser sometido a torturas constituye una norma imperativa del derecho internacional, respecto de la cual “ningún estado puede sustraerse”, sin embargo, en Bolivia es habitual y usado como método de investigación amparado por la institución policial, en este caso con el coronel Rolando Rojas, por el Ministerio Público con el fiscal Elmer Laura y el juez Luis Fernando García Mamani, que junto con la Dirección de Régimen Penitenciario “invisibilizan” el delito al no pedir y realizar una investigación, como lo señaló el Instituto Contra la Tortura (ITEI) en el reportaje que muestra a Bolivia como tierra de torturadores.
En este proceso, todas las instituciones que hacen al sistema de justicia se instrumentalizan, en favor del gobierno de turno, como lo evidencia la CIDH en su reciente informe, al negar el delito cometido por funcionarios del Estado y fabricar otros, sobre todo en casos de detenidos por motivaciones políticas.
“Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”, es solo un enunciado en el Artículo 15 de la Constitución Política, así como “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral”, en el Artículo 114.
Lo cierto es que “A la omisión de las investigaciones, se agrega la permanencia en sus funciones de los agentes policiales imputados, que refuerza el efecto demostrativo de la impunidad, inductiva a la reiteración o reincidencia de estas prácticas”, recuerda a Bolivia el Comité contra la Tortura en su informe de 2001, que sigue muy vigente, debido a que pese a la cantidad de denuncias que van en aumento con los años, no existe hasta la fecha en Bolivia ninguna sentencia a los autores de este delito, situación que le viene costando al boliviano millones DE dólares en juicios internacionales.
Una Defensoría que no defiende sus resoluciones
El 19 de mayo de 2023, la Defensoría del Pueblo dio a conocer una resolución defensorial, respecto al caso de César Apaza, donde recomienda a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar las circunstancias de la aprehensión del dirigente cocalero y a Régimen Penitenciario asumir medidas para que el afectado acceda a la salud con un tratamiento médico.
Además, planteó a la Fiscalía que la investigación del caso se realice aplicando el Protocolo de Estambul, que es el estándar internacional para la investigación de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La resolución defensorial quedó en saco roto. La fiscalía nunca investigó nada. La abogada Evelyn Cossío lamentó el desinterés de la propia Defensoría del Pueblo para hacer cumplir su resolución.
“No hubo el seguimiento (del caso) por parte de la Defensoría del Pueblo, pese a que hemos pedido en varias oportunidades audiencias para ver el avance en relación a ese caso, la Defensoría prácticamente no promovió nada esta situación, decidió dejarlo en el olvido como si fuera un hecho común, cuando es un caso de mucha relevancia”, dijo a ANF.
ANF pidió la versión de la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento de la publicación de esta nota, no recibió respuesta.
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