La Paz, 27 de abril (ANF).- “El Robo: Cuando las leyes se escribían en inglés”, el documental que tuvo un costo de Bs 783.000 para el Estado boliviano, tiene al menos ocho errores y observaciones que no pasaron desapercibidos para el periodista y actual catedrático de la Universidad de Puebla, Rafael Archondo.
Esta producción, basada en la investigación presentada por la Asamblea Legislativa sobre el proceso de privatización de 212 empresas de Bolivia en el periodo 1985-2005, estuvo en el ojo de la tormenta tras conocerse que fue realizada por la empresa mexicana “Neurona Consulting” que es auditada por la Contraloría General del Estado por ocho contratos que consiguió en el país por 12,4 millones de bolivianos.
A través de un sucinto análisis publicado en su página de Facebook “La H Parlante”, Archondo inicialmente describe parte de las escenas del documental, estrenado el pasado 22 de abril en la Cinemateca Boliviana de La Paz, y luego plantea sus observaciones que pasan desde la equivocación en nombres hasta la confusión en la mención de los cargos.
En contacto con ANF, Archondo
indicó que este tipo de errores ocurren cuando los trabajos de este tipo son “poco
rigurosos” y cuentan con una “mala calidad de la información”. Asimismo, señaló
que como su producción fue financiada con dinero del Estado “son errores que no
se pueden permitir”.
En esa línea, el periodista boliviano aseguró que “el principal defecto” del documental” es no contar con la contraparte porque “no se incluye la voz de los acusados”.
“Es un vídeo de propaganda, solo reconoce una forma de pensar”, agregó.
Según el reporte de distintos medios, la producción del documental “El Robo: Cuando las leyes se escribían en inglés” fue adjudicado a “Neurona Consulting” bajo la modalidad de contratación directa por el costo de 783 mil bolivianos. La notificación a la empresa mexicana fue hecha en mayo del 2018 por el Ministerio de Comunicación.
El contrato para la realización del filme se firma el 12 de junio de 2018 y 44 días después, es decir el 25 de julio, el producto audiovisual es entregado al gobierno boliviano.
Para Archondo, el documental “no implicaba ninguna inversión grande”, ya que gran parte de su estructura está hecha en base a imágenes de archivo y cámara fija.
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