La Paz, 11 de junio de 2026 (ANF).- La denuncia de la Fiscalía de Arica sobre la detección de al menos 108 toneladas de distintas sustancias ilícitas impregnadas en 1.080 toneladas de madera boliviana desató una controversia entre autoridades bolivianas y chilenas. Entre tanto, el Gobierno nacional anunció la conformación de una comisión internacional para esclarecer el caso.
La periodista chilena Ximena Astudillo afirmó, en una entrevista con Radio Fides, que las autoridades bolivianas conocían desde octubre de 2025 la investigación que realizaba la Fiscalía Regional de Arica sobre cargamentos de madera presuntamente contaminados con sustancias ilícitas.
"La conocen desde octubre del año pasado (…). El Gobierno boliviano actual sabía, sabe, desde mucho tiempo que esto estaba ocurriendo y se estaba revisando", afirmó la periodista.
Según Astudillo, la investigación se desarrolló durante varios meses y requirió la revisión de decenas de contenedores en el puerto de Arica. La periodista sostuvo que, debido a las disposiciones del Tratado de 1904, las autoridades chilenas no pueden abrir contenedores bolivianos sin la participación o conocimiento de las instancias aduaneras bolivianas presentes en el puerto. Asimismo, señaló que la investigación incluía controles específicos sobre cargamentos de madera.
"La Aduana boliviana y ASP-B están dentro del puerto, tienen oficinas dentro del puerto. Cualquier contenedor que está amparado bajo el Tratado de 1904, para abrirlo siquiera, ninguna autoridad chilena puede hacerlo porque tiene que pedirle permiso a la Aduana boliviana", explicó.
Entre tanto, la Aduana Nacional emitió un pronunciamiento aclarando que sus competencias se limitan al control y fiscalización de mercancías conforme a la normativa aduanera vigente y que la prevención e interdicción del tráfico de sustancias controladas corresponde a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció ayer la solicitud formal para que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Unión Europea y la Policía de España participen en una comisión internacional que investigue el caso.
La autoridad aseguró que la denuncia difundida por la Fiscalía chilena no corresponde a un único operativo reciente, sino a una investigación iniciada en octubre del año pasado que comprendió seis intervenciones distintas, dos de ellas con participación de efectivos antidroga bolivianos.
Oviedo también cuestionó la información difundida desde Chile al señalar que no se trataría exclusivamente de cocaína, sino de diversas sustancias, entre ellas ketamina e incluso cafeína. Además, afirmó que Bolivia no recibió un informe oficial de la Fiscalía de Arica pese a la amplia difusión pública del caso.
“Vamos a llegar hasta el final de esta investigación”, aseguró el ministro, quien informó que transmitió su “absoluta molestia y extrañeza” al ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado.
Entretanto, el presidente de la Cámara Forestal Boliviana, Pedro Colanzi, expresó preocupación por el impacto que la denuncia podría tener sobre un sector que genera alrededor de 200.000 empleos directos e indirectos y mueve aproximadamente 700 millones de dólares al año. Aunque reconoció que existen antecedentes de infiltración del narcotráfico en actividades vinculadas al rubro, consideró necesaria una investigación internacional exhaustiva para esclarecer responsabilidades y evitar afectaciones a la industria forestal boliviana.
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