La Paz, 9 de junio de 2026 (8ANF).- A más de seis meses del ingreso irregular de 32 maletas al país, el Ministerio Público no ha develado el origen, la pertenencia, el contenido y el destino de esas valijas. Este martes, la justicia favoreció a la exdiputada Laura Rojas con detención domiciliaria, pero seguirá en la cárcel por otro caso.
Contra Rojas existen dos investigaciones. En el caso por el delito de legitimación de ganancias ilícitas cumplió su detención preventiva que era por 60 días. El mismo fue abierto en el marco del caso 32 maletas.
En el otro caso es investigada por el presunto delito de tráfico de drogas organización y confabulación. El Ministerio Público la imputó y la justicia determinó su detención preventiva por 180 días, por este caso continuará en el penal de Palmasola.
Sin embargo, desde el 29 de noviembre, cuando la exdiputada Laura Rojas haciendo uso de su pasaporte diplomático, pese a que ya no era legisladora, ingresó 32 maletas por el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. El equipaje provenía de Estados Unidos.
La Aduana Nacional confirmó que Rojas se había identificado como propietaria de las maletas, como usó su pasaporte diplomático las valijas no pasaron por el escáner ni fueron objeto de control ni revisión.
Ligado a este tema, se dio a conocer el hallazgo de un galpón donde se encontró 79 kilos de marihuana, además de maquinaria para el acopio y procesamiento de la sustancia. El galpón, donde se habría llevado las maletas, era de propiedad del juez Hebert Zeballos.
La Fiscalía cruceña demoró dos meses para imputar a la exdiputada, pese a las evidencias de videos e información de las instituciones involucradas sobre el irregular ingreso de las valijas. Además de Rojas fue detenido Zeballos.
Hasta la fecha, se desconoce cuánto avanzó la Fiscalía en las investigaciones, por lo menos no se sabe qué contenían las maletas y cuál era su destino. Las sospechas son de diversa naturaleza, desde que llevaba marihuana hasta dinero.
El 28 de enero el gobierno dijo que conocía del caso desde inicios de diciembre de 2025, y que decidió mantenerlo en reserva para que la Policía Boliviana y el Ministerio Público trabajen de manera adecuada.
Extrañamente, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, reveló que el Ministerio Público conoció este caso recién el 19 de enero, a pesar de que el Gobierno (a través del Ministerio de Gobierno y la Policía) estaba al tanto desde la primera semana de diciembre.
El por qué no hubo un operativo con participación de la Fiscalía es una incógnita que no ha sido explicada por el Ministerio de Gobierno.
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