La Paz, 5 de noviembre (ANF).- La Fundación Tierra identificó a empresarios agropecuarios y a presuntos campesinos como "avasalladores" y planteó que las tierras en conflicto en la provincia Guarayos, donde la pasada semana 17 personas fueron emboscadas y secuestradas, sean declaradas “tierras fiscales no disponibles” y se acelere el proceso de saneamiento.
“El INRA debe acelerar y concluir el proceso de saneamiento, declarando toda la superficie o la mayor parte de las 8.302 hectáreas de la zona, como Tierras Fiscales No Disponibles”, propone la organización experta en materia de tierras.
Hizo el planteamiento en el numeral nueve de un documento denominado: Respuestas breves a 10 preguntas sobre el conflicto por tierras en el caso Las Londras, en una coyuntura de cuestionamientos al avasallamiento de tierras en esa zona.
El pasado jueves 28 de octubre, 17 personas, entre ellas periodistas, ingresaron a Las Londras por denuncias de avasallamientos, cuando arribaron a la zona fueron emboscados por un grupo de encapuchados armados que los redujeron y durante siete horas los golpearon y amenazaron de muerte.
“El conflicto por la tierra sigue escalando en Bolivia y sigue siendo desafiante a la hora de abordar debido a sus múltiples dimensiones. Los involucrados a menudo desinforman para mantener opaca la información agraria”, sostiene Fundación Tierra, institución que respondió 10 preguntas para entender desde su perspectiva este conflicto.
1. ¿Dónde están y cuáles son las tierras en conflicto?
Detalla que están al norte de la ciudad de Santa Cruz, a 160 km en línea recta, dentro de la jurisdicción del municipio El Puente de la provincia Guarayos. Al sur de esta zona, una parte menor se encuentra en el municipio de San Julián de la provincia Ñuflo de Chávez.
Cita al menos 12 predios en conflictos: “Las Londras”, “6 Hermanos”, “Palo María”, “La Gaviota”, “Chaco Perdido”, “La Muela del Diablo”, “Las Lúcumas” y “El Maral”. También están "Villa Félix", "El fin del mundo", "Santa Verónica" y "San Diego", estos últimos considerados pequeña propiedad ganadera (menor a 500 hectáreas).
Precisa que el antecedente en común es el expediente agrario N° 54095 “Las Londras”, con Sentencia Agraria del 16 de mayo de 1989, otorgado por el extinto Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) a favor de UNAGRO S.A., con una superficie aproximada de 12.000 hectáreas.
2. ¿Cuál es la situación legal de estas tierras?
Según la ley agraria vigente (Ley 1715 y Ley 3545) estas tierras están en proceso de saneamiento desde hace unos diez años, lo que significa que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sigue realizando trabajos técnicos y jurídicos para determinar si corresponde otorgar títulos agrarios de propiedad a las partes interesadas o demandantes.
Lo que no implica que esta zona esté desocupada. Dentro de cada predio existen instalaciones agropecuarias, ganados y mejoras agrícolas implementadas por las empresas agropecuarias y agropecuarios privados que se constituyen en los demandantes del título agrario dentro del proceso de saneamiento. También algunas zonas han sido ocupadas por grupos de personas que se autoidentifican como nuevas comunidades campesinas, quienes levantaron galpones, viviendas e incluso tienen parcelas sembradas, señala la institución.
3. ¿Qué importancia tiene el hecho de que estas tierras estén sobrepuestas a la Reserva Forestal Guarayos?
La Reserva Forestal Guarayos fue creada mediante Decreto Supremo Nº 12268 del año 1969, con una extensión de 1.500.000 hectáreas. Si bien la intención fue proteger los intereses de las empresas madereras, lo relevante para el conflicto de tierras es que esta disposición legal prohibió en adelante todo tipo de asentamientos humanos y actividades agropecuarias. Por lo tanto, considera complicado para los presuntos propietarios hacer prevalecer sus demandas de legalización de las tierras y, al mismo tiempo que las autoridades y los funcionarios públicos están al filo de incurrir en actos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, señala.
Precisa que las tierras en conflicto del caso Las Londras están sobrepuestas en su totalidad a la Reserva Forestal Guarayos, según varias pericias técnicas del INRA, Tribunal Agroambiental y otros.
En consecuencia, la sobreposición con la Reserva implica que estas tierras deberían ser declaradas Tierras Fiscales No Disponibles; es decir que no se pueden entregar en propiedad privada, sea a nombre de empresas, empresarios o comunidades solicitantes de dotación comunitaria.
4. Entonces, ¿quién o quiénes son los dueños legales de estas tierras?
Mientras no concluya el proceso de saneamiento, estas tierras no son de propiedad legal de ninguna de las partes interesadas.
5. ¿Cuáles son las partes que están enfrentadas? ¿quiénes son los avasalladores?
Fundación Tierra identifica dos partes interesadas. Por un lado, las empresas agropecuarias y privados que tramitan el saneamiento y titulación de las tierras que demandan. “Ocupan físicamente los predios e incluso alambraron los linderos externos de los predios que consideran suyos, sin ningún tipo de autorización de autoridad competente. Varios predios están fraccionados por debajo de 500 hectáreas para aparecer en los trámites como pequeñas propiedades ganaderas. En el trámite agrario, se declararon como “poseedores” continuos y pacíficos para justificar sus demandas”.
Y, por otro lado, están los presuntos campesinos que estarían afiliados a la Central Única de Trabajadores Campesinos, filial Santa Cruz, aunque precisa que o es una parte demandante y usan las “negociaciones directas” con el INRA para acceder a tierras.
“Al no tener trámites agrarios dentro del proceso de saneamiento sobre las tierras en conflicto, no se constituyen en una contraparte demandante de las tierras que reclaman los empresarios y ganaderos. Mediante tomas de tierras y negociaciones directas con el INRA, exigen la dotación comunitaria de las tierras en conflicto para la creación y asentamiento de nuevas comunidades. Las exigencias se intensificaron desde el momento en que accedieron a información privilegiada sobre la inminente declaratoria como tierras fiscales de la mayor parte de los predios en conflicto”.
Al final, “todos los implicados son avasalladores”, sostiene Tierra, porque ninguno de los sectores en conflicto tiene títulos ejecutoriales de propiedad y ocupan tierras que no son de su propiedad. “Los agroempresarios son avasalladores por alambrar y controlar tierras sin sanear y los presuntos campesinos por ocupar tierras sin autorizaciones de asentamientos”, precisa.
6. ¿Cuál es el contexto regional en que debemos situar este conflicto?
Tierra establece que “el modelo agropecuario cruceño está por detrás de las pugnas violentas por la tierra”. Describe que las tierras en disputa forman parte de las brechas de expansión de la frontera agrícola cruceña
“La agricultura comercial del “Norte integrado” se expande con fuerza al norte desde Montero, Mineros y San Pedro, llegando, desde el oeste, hasta las orillas del río Grande. Desde San Julián, al sureste de la zona en conflicto, los núcleos de colonización de la época del Instituto Nacional de Colonización (INC) ejercen presión debido al aumento demográfico y conversión de las comunidades de colonos en tierras de producción soyera. A su vez, los asentamientos que nacen a lo largo de la carretera San Ramón-Ascensión de Guarayos, se expanden rápidamente hacia el este, llegando también hasta el borde del río Grande. La disputa en curso es una lucha por apropiarse las tierras de los márgenes de ambos lados del mencionado río, que antes no llamaban la atención”, señala.
7. ¿El caso Las Londras es el primer enfrentamiento violento por tierras en Santa Cruz?
Antes del caso Las Londras que comprometió la seguridad de 17 personas, hubo otros hechos de violencia, en los últimos dos meses.
En septiembre, en el predio El Encanto, policías que pretendían el desalojo de avasalladores fueron emboscados por gente armada. Tres policías resultaron heridos. En el Núcleo 53 Brecha Casarabe, el conflicto dejó un saldo de varias personas heridas. Juan Montaño López, quien se declaró propietario de un predio ocupado, y sus acompañantes fueron atacados con machete, palos y disparos de armas de fuego. Montaño resultó herido con arma de fuego.
8. ¿Afecta o están implicados los indígenas guarayos?
No afecta porque el caso La Londras está fuera del territorio demandado y titulado como TCO Guarayos.
9. ¿Qué hacer con las tierras en conflicto?
El INRA debe acelerar y concluir el proceso de saneamiento, declarando toda la superficie o la mayor parte de las 8.302 hectáreas de la zona, como Tierras Fiscales No Disponibles.
10. ¿Cómo se puede detener la escalada de violencia por la tierra?
Según Fundación Tierra cita cuatro alternativas, precisa que si bien existen varias posibles soluciones todas exigen medidas estructuras.
· Protección inmediata y efectiva de las tierras fiscales en calidad de patrimonio de todos los bolivianos, procediendo al desalojo de todos los avasalladores.
· Investigación libre de cálculos políticos y acciones penales en contra de todos los traficantes de tierras, incluyendo, al menos, a los involucrados en los procesos agrarios de los últimos diez años (2010-2021).
· Auditoría técnica y externa de todos los predios titulados dentro de la Reserva Forestal Guarayos, incluyendo una revisión exhaustiva de los fallos y sentencias del Tribunal Agroambiental referentes a esta zona.
· Reestructuración del INRA para hacer frente a la problemática agraria que se intensifica y sobrepasa sus capacidades.
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