Durante las últimas semanas, gran parte del debate público sobre el conflicto que atraviesa Bolivia se ha concentrado en una pregunta: ¿hasta dónde puede escalar la movilización?
La preocupación es comprensible. Los bloqueos han generado importantes afectaciones económicas y sociales, han alterado la circulación de bienes y personas y han profundizado la incertidumbre en un contexto político ya marcado por la polarización y el deterioro económico. Sin embargo, observar únicamente la intensidad de esas afectaciones puede llevar a perder de vista una dinámica que también merece atención.
La dificultad que está teniendo el conflicto para crecer, cuando los conflictos políticos logran transformar significativamente la correlación de fuerzas suelen atravesar procesos relativamente reconocibles. Incorporan nuevos actores, amplían su alcance territorial, complejizan sus demandas y generan niveles crecientes de presión sobre quienes ejercen el gobierno. En determinados contextos, esa dinámica puede derivar en crisis de gobernabilidad capaces de producir cambios políticos más profundos.
Sin embargo, más allá de las importantes afectaciones que continúan generando los bloqueos, la movilización parece enfrentar dificultades para avanzar en esa dirección. Durante las últimas semanas el conflicto no ha logrado expandirse territorialmente de manera sostenida ni incorporar nuevos sectores en una magnitud capaz de modificar significativamente el escenario existente. Por el contrario, algunos puntos de bloqueo se han reducido, determinados actores han comenzado a replegarse y la movilización parece concentrarse cada vez más en aquellos núcleos donde los actores más radicalizados conservan mayores niveles de cohesión y capacidad de movilización.
Esto no implica que la posibilidad de una escalada deba descartarse. Los conflictos políticos son procesos dinámicos y acontecimientos específicos pueden alterar rápidamente las tendencias observadas. Episodios de violencia, errores de cálculo político o decisiones estatales percibidas como represivas podrían modificar nuevamente la correlación de fuerzas.
Sin embargo, por el momento, la principal característica del conflicto parece ser otra: la dificultad para romper el punto muerto en el que se encuentra. Ese elemento resulta particularmente relevante porque modifica la naturaleza de la disputa. Cuando un conflicto deja de expandirse, la confrontación comienza a depender menos de la capacidad de incorporar nuevos actores y más de la capacidad de sostener en el tiempo los costos que implica mantener la movilización.
Y esos costos son considerables, mantener bloqueos prolongados requiere recursos, coordinación, liderazgo y capacidad organizativa. También implica asumir crecientes costos económicos y políticos, tanto para quienes impulsan las medidas de presión como para los sectores que conviven diariamente con sus consecuencias. A medida que pasa el tiempo, sostener esos niveles de movilización se vuelve progresivamente más complejo.
Sin embargo, el repliegue tampoco constituye una alternativa sencilla. Después de semanas de movilización, elevados costos organizativos y significativas afectaciones económicas, una retirada sin resultados visibles podría debilitar seriamente la capacidad de convocatoria futura de quienes hoy impulsan el conflicto. En términos políticos, retroceder sin haber logrado modificar la correlación de fuerzas puede resultar tan costoso como prolongar una confrontación que muestra dificultades para expandirse.
Esa situación ayuda a explicar por qué continúan apareciendo discursos que anuncian nuevas incorporaciones, una futura ampliación territorial de las medidas de presión o la posibilidad de una reactivación de la movilización. En muchos casos, estas narrativas parecen proyectar una capacidad de expansión que hasta el momento no termina de reflejarse en la evolución observable del conflicto. Más allá de que esas proyecciones lleguen a materializarse o no, la necesidad de preservar una imagen de fortaleza forma parte de la propia disputa.
Mientras tanto, el gobierno parece haber optado por una estrategia distinta. Más que buscar una resolución rápida mediante medidas extraordinarias de confrontación directa, da la impresión de estar intentando administrar el conflicto y esperar que el desgaste progresivo reduzca la capacidad de presión de los sectores movilizados. Esta estrategia tampoco está exenta de riesgos, la percepción de inacción frente a las afectaciones que experimenta la población erosiona la confianza pública y alimenta cuestionamientos sobre la capacidad estatal para gestionar la crisis.
Por eso, quizás la pregunta más relevante en este momento ya no sea únicamente hasta dónde puede escalar el conflicto. La cuestión central parece ser si alguno de los actores todavía tiene la capacidad de romper el actual punto muerto.
Porque no todos los conflictos concluyen cuando una de las partes logra imponerse sobre la otra. En ocasiones, terminan cuando ninguno de los actores consigue modificar la correlación de fuerzas y la capacidad de sostener la confrontación comienza a agotarse progresivamente. Si las tendencias observadas durante las últimas semanas se mantienen, esa posibilidad podría resultar tan importante para entender el desenlace del conflicto como las perspectivas de escalada que han dominado buena parte del debate público reciente.
El autor trabaja en análisis de conflictividad y gestión de conflictos en Fundación UNIR Bolivia
