La Paz, 16 de junio de 2026 (ANF).- El canciller Fernando Aramayo acusó de injerencia política la visita de un grupo de ciudadanos argentinos que pretendió ingresar a Bolivia con argumentos “contradictorios” en un contexto de conflictividad político social.
“El venir de un país extranjero, cualquiera sea esta, a intervenir en asuntos de la política interna de un Estado sin las acreditaciones, sin los mecanismos, cuáles fueran los motivos, es injerencia y se van a activar naturalmente todos los mecanismos que están habilitados en el marco normativo boliviano”, sostuvo Aramayo en declaraciones a la prensa.
Explicó que el grupo de ciudadanos argentinos llegó al país con visa turísticas, sin embargo, cuando Migración les consultó el motivo de su visita “dijeron que venían a hacer fiscalización de la ayuda argentina en Bolivia”.
Esto no es posible argumentó Aramayo, al cuestionar que esos ciudadanos no tenían ninguna acreditación como misión de derechos humanos.
“Si ellos venían a hacer una acción de veeduría en temas de derechos humanos, si venían a hacer una acción de fiscalización asumiendo que hubieran coordinado con esta Cancillería, que no se hizo; que hubieran tenido una acreditación ante la Asamblea Legislativa, que no se tenía”, dijo Aramayo, aunque tampoco coordinaron con mecanismos de derechos humanos como la CIDH, la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Estas personas que llegaron al país con chalecos azules señalando que eran parte de una misión de derechos humanos también realizaron declaraciones políticas en respaldo a los movilizados, incluso con discursos falsos como el que disparó la diputada argentina Alejandrina Barry al decir al diario Página 12 que en Bolivia existen “por lo menos siete personas asesinadas”, que habían cientos de detenidos, torturados, etc, en el marco de las movilizaciones. Miembros de la delegación reiteraron esas afirmaciones.
No hay evidencia de sus declaraciones, la Defensoría del Pueblo hace poco más de una semana en un informe de la conflictividad registró 10 muertos en el marco de la conflictividad, pero no se refiere a asesinatos, asimismo detalla las circunstancias de cada uno de los casos. Si bien más de 300 personas de los manifestantes fueron arrestados, la mayoría fue liberado y poco más de 20 personas fueron detenidas.
Aramayo detalló que los miembros de esa delegación no cumplieron los requisitos porque debieron ingresar con una visa de objeto determinado o una visa oficial. “A cualquiera que entre acá con una visa turística y declare que hará una acción política no se le puede permitir el ingreso. Por lo tanto, solo se aplicó norma”.
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