La Paz, 24 de octubre de 2025 (ANF).- El auge del precio del oro vuelve a exponer la fragilidad del control estatal sobre la explotación aurífera y las enormes fugas de riqueza que, según especialistas, se producen en un marco de anomia y legalidad aparente.
Con el precio internacional del oro superando los 4.000 dólares la onza troy, expertos advierten que el país vive una oportunidad desperdiciada: grandes volúmenes de producción no ingresan a las arcas públicas y parte de la extracción circula por canales informales o clandestinos.
Los dos ejes del problema, coinciden los analistas consultados, son la generalización de prácticas irregulares dentro del propio sector cooperativista y la incapacidad del Estado para implementar controles efectivos que no generen conflictos sociales.
Los números que manejan los especialistas son elocuentes y preocupantes: en 2022 se exportaron 54 toneladas de oro por un valor aproximado de 3.073 millones de dólares, de los cuales —según cálculos citados— apenas 63 millones habrían quedado en manos del Estado.
Héctor Córdova, expresidente de la Comibol y analista minero, sintetiza el fenómeno como un "tema bastante extraño" y "muy complejo". Córdova describe un sector dominado por cooperativas cuya operativa, en su opinión, está plagada de ilegalidades —falta de contratos válidos, ausencia de licencias ambientales, contratación de personal prohibida y asociación encubierta con capitales privados— que terminan por vaciar el patrimonio público "a manos llenas".
Entre las prácticas que, según Córdova, erosionan la caja fiscal están excepciones regulatorias y subdeclaración de producción: la regalía exigida por ley del 7% se reduce en la práctica a 2,5% en muchos casos, con justificativos de explotación en "pequeña escala", argumentos que no se sostienen frente al uso de maquinaria pesada y capitales externos.
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