La Paz, 16 Mar (ANF) – El proyecto de Ley de Servicios
Financieros induce a pensar que el Gobierno busca reducir las dimensiones del
sistema financiero privado o sustituirlo paulatinamente con bancos estatales; en
un proceso lento de estatización de la banca,
afirmó el economista José Baldivia Urdininea en un documento difundido
por la Fundación Milenio.
Según Baldivia Urdininea, un experto en microfinanzas, las entidades
financieras no pueden incidir en los indicadores económicos y sociales ni
apoyar el desarrollo del sector productivo si su intervención no está
acompañada de políticas públicas eficaces y eficientes, que promuevan la
inversión, el desarrollo del sector productivo y el empleo.
”El principal problema del proyecto de Ley de Servicios Financieros es que
asume que las entidades financieras deben transformarse en instrumentos de la
política de gobierno, incluyendo el curioso concepto del ‘vivir bien’”, afirmó Baldivia
Urdininea al comentar el proyecto de ley.
En su opinión, “sería más importante liberar a las empresas
industriales de obligaciones como el aporte solidario a las AFP, vincular los
incrementos salariales anuales a la productividad y promover la calificación de
la mano de obra”.
”Si el gobierno no es presa de una confusión de conceptos, querría decir que
tiene la voluntad de reducir las dimensiones del sistema financiero privado o
ir sustituyéndolo paulatinamente por bancos estatales; un proceso más lento
pero idéntico al planteado en la amenaza del Ministro de Economía: la
nacionalización (léase estatización) de la banca”, agregó.
Al comentar la intención del Gobierno de regular mediante decretos las tasas
máximas que deberá cobrar el sistema financiero por sus créditos en general y para
los dirigidos a los sectores de producción y vivienda en particular, estableciendo
al mismo tiempo tasas mínimas por los depósitos, Baldivia Urdininea opinó que
“la medida gozará sin duda de popularidad, pues es natural que los demandantes
de crédito quieran pagar menos por ellos y que los ahorristas busquen obtener
un mayor rendimiento de sus depósitos”.
Sin embargo, señaló que si se fijan topes demasiado bajos, las
primeras entidades en verse afectadas serán las de microfinanzas, es decir,
aquellas que tienen como clientela a pequeños prestatarios, quienes pagan tasas
más altas debido a que obtienen créditos pequeños, por plazos cortos y
generalmente sin garantías hipotecarias.
”Si estas tasas son forzadas artificialmente hacia abajo, la certidumbre de
operar a pérdida hará que se restrinja el crédito a los pequeños prestatarios y
microempresarios, exactamente al contrario de lo que dice buscar el gobierno”,
subrayó.
Por otra parte, prosiguió, “fijar límites mínimos al rendimiento de los
depósitos puede ser interesante para inducir a la banca a una mayor eficiencia
y a tener una infraestructura menos ostentosa, siempre y cuando dichos límites
consideren con realismo sus costos operativos y las nuevas obligaciones que le
impone la propia ley”.
Entre estas nuevas obligaciones figuran cursos anuales de educación financiera,
contribución al fondo de protección al ahorrista, cumplimiento de metas
sociales a ser establecidas por la ASFI, mayores impuestos a la venta de moneda
extranjera y mayor impuesto a las utilidades.
En relación a la propuesta de privilegiar el crédito a los sectores productivo
y de vivienda social, el experto señaló que la obligación de dirigir montos crediticios
crecientes hacia un sector productivo tan reducido, “generará inicialmente una
lucha descarnada entre las instituciones financieras por arrebatarse clientes y
más adelante las empujará a colocaciones de alto riesgo, poniendo en peligro
los ahorros del público y la estabilidad del sistema en su conjunto”.
”Con este modelo, años atrás, se generó incluso corrupción al hacer figurar
como productivos créditos que pertenecían a otras ramas de actividad”, recordó.
