La Paz, 18 de diciembre de 2025 (ANF).- El incremento del costo del pasaje en varias ciudades del país ha reactivado el debate sobre las tarifas del transporte público, en un contexto marcado por la eliminación de la subvención a los carburantes mediante el Decreto Supremo 5503; el investigador social Eduardo Pando señaló que los incrementos que plantean los chóferes no responden a criterios técnicos.
“Existe una fórmula regulada para estimar las tarifas, que toma en cuenta los costos fijos, variables, de operación y el costo del capital. Eso es lo que debió actualizarse hace meses”, explicó Pando en entrevista con la ANF.
Detalló que, aunque el precio de los combustibles se incrementó de manera significativa, su peso dentro de la estructura de costos del transporte se redujo en los últimos años. “Antes el combustible representaba cerca del 35% del costo total, hoy es alrededor del 17%. Incluso con el aumento del 80 o 90% en la gasolina y más del 100% en el diésel, el impacto real en la tarifa global no justifica incrementos tan altos”, afirmó.
Según los estudios realizados por su consultora en varias capitales del país, el impacto directo del alza de los carburantes debería reflejarse en un ajuste aproximado de entre 20 y 24 centavos. A esto se podría sumar el efecto de la inflación y el incremento salarial. “Si uno suma todas las variables, la tarifa debería cerrarse con un incremento cercano a los 40 centavos. Pensar que el pasaje pase de 2,40 a 5 bolivianos es excesivo, abusivo y altamente especulativo”, sostuvo.
El analista también advirtió que el uso del transporte público podría incrementarse en ciudades como Santa Cruz, debido al encarecimiento del uso del vehículo privado, lo que elevaría el número de pasajeros por kilómetro y ayudaría a equilibrar los costos de operación.
En ese marco, Pando consideró que el conflicto no debe resolverse mediante medidas de presión ni decisiones unilaterales. “Lo que corresponde es instalar mesas técnicas con participación del autotransporte, juntas vecinales, gobiernos municipales, gobernaciones y el nivel central, para llegar a un precio de equilibrio que no perjudique ni a la población ni a los transportistas”, indicó.
Finalmente, advirtió que autorizar incrementos sin respaldo técnico podría derivar en conflictos sociales. “Ningún alcalde o gobernador debería aprobar una tarifa que no esté sustentada en un estudio serio. Ya hemos visto enfrentamientos en otros departamentos y no se puede repetir ese escenario”, concluyó.
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