La Paz, 5 de noviembre de 2025 (ANF).- El presidente Luis Arce Catacora promulgó este miércoles la Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos, una norma que busca otorgar un respiro económico temporal de seis meses a las familias, microempresas y pequeñas unidades productivas del país.
La medida, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, no implica una condonación de deudas, sino un aplazamiento de pagos y suspensión de procesos judiciales vinculados a créditos de vivienda social y a préstamos para micro y pequeñas empresas.
La norma dispone la suspensión total de acciones judiciales relacionadas con el cobro de créditos por un período de seis meses. Esto incluye el embargo de bienes, ejecución de sentencias, remates, desalojos y otras medidas judiciales. Cualquier acción que contravenga esta suspensión será declarada nula de pleno derecho, y las autoridades o entidades financieras que incumplan podrían enfrentar sanciones.
Asimismo, se establece el diferimiento automático de las cuotas de capital, intereses, seguros y comisiones durante el mismo periodo, sin que esto genere costos adicionales, incremento de tasas de interés, penalizaciones por mora ni acumulación de pagos.
El Gobierno aclaró que los prestatarios que deseen continuar pagando sus créditos podrán hacerlo mediante una manifestación expresa ante las entidades financieras.
Según datos oficiales, la medida podría beneficiar a alrededor de 1,4 millones de prestatarios en todo el país, lo que abarca tanto a familias con créditos de vivienda de interés social como a unidades económicas de micro y pequeña escala.
Movimientos de prestatarios y sectores productivos celebraron la promulgación de la norma, señalando que ofrece un alivio real en medio de la contracción económica y el encarecimiento del crédito.
En contraste, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) expresaron su preocupación por los efectos del diferimiento automático.
En un comunicado conjunto emitido el 31 de octubre, las entidades advirtieron que una medida generalizada como esta podría afectar la liquidez del sistema financiero, alterar el flujo de recursos y restringir la capacidad de los bancos para otorgar nuevos créditos a familias y empresas.
“El diferimiento debe ser focalizado y acompañado de mecanismos compensatorios”, señalaron las asociaciones, que pidieron a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) establecer un reglamento que preserve la estabilidad del sector.
La Ley 1670, que cierra oficialmente la gestión legislativa y ejecutiva 2020–2025, marca un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre protección social y estabilidad financiera en Bolivia.
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