La Paz, 2 de diciembre de 2025 (ANF).- Las declaraciones del presidente del Estado, Rodrigo Paz, sobre la situación financiera de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo provocaron una fuerte reacción de distintos sectores sociales, sindicales y de jubilados, que expresan preocupación, rechazo y exigencias de auditorías e investigaciones inmediatas.
Durante un acto público, el mandatario afirmó que los recursos de los aportantes “ya no están en la Gestora” y denunció una presunta mala administración de los fondos destinados a las jubilaciones. Paz aseguró que la anterior administración habría utilizado los recursos previsionales como una “caja chica del Gobierno”, lo que derivó incluso en procesos de arbitraje internacional.
“Tenemos dos juicios internacionales: uno por 77 millones de dólares y otro por 94 millones de dólares, además de los millones que hay que pagar a bufetes de abogados del exterior. Si se abandona un proceso así, casi seguro que se pierde”, señaló el presidente, al responsabilizar a exautoridades por una supuesta inoperancia en la defensa de los intereses del Estado.
Las afirmaciones del jefe de Estado fueron inmediatamente cuestionadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que sostuvo que el dinero de los aportes no se perdió, sino que se encuentra invertido en distintos rubros financieros.
“El presidente está mal asesorado y ha generado pánico en la población”, afirmó el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien anunció que se enviará una nota oficial para que el mandatario aclare los fundamentos técnicos de sus declaraciones. “Sabemos que esos dineros se invierten y generan rédito para garantizar su sostenibilidad”, sostuvo.
En la misma línea, el dirigente de los jubilados, Rodolfo Ayala, pidió que cualquier denuncia sea respaldada con documentación oficial y auditorías técnicas. “Ese dinero está invertido en la banca, en la bolsa de valores y hasta en el extranjero en un 3% del fondo. No se puede hacer afirmaciones sin pruebas”, remarcó.
Ayala también advirtió que no se permitirá ninguna intención de privatizar la Gestora y comprometió la realización de una auditoría para transparentar la situación de los fondos.
Las declaraciones presidenciales reactivaron el temor entre jubilados, trabajadores en proceso de jubilación y aportantes activos. Decenas de ciudadanos acudieron a las oficinas de la Gestora para exigir información clara sobre el destino de sus ahorros.
Los testimonios reflejaron un clima de angustia, indignación e incertidumbre. Otros expresaron su temor de no poder recuperar su dinero tras décadas de trabajo.
Incluso ciudadanos de otros departamentos, como Riberalta, llegaron hasta las oficinas de la Gestora para pedir explicaciones sobre sus aportes previsionales. La exigencia común fue una sola: transparencia, investigaciones rápidas y sanción a los responsables, en caso de comprobarse irregularidades.
A la polémica se sumó la Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública de Bolivia (Confesirmes), que emitió un pronunciamiento público rechazando cualquier acto que ponga en riesgo los fondos de jubilación.
El sector expresó su “profunda preocupación, indignación y absoluto rechazo” a las denuncias de un posible desfalco, recordando que los aportes previsionales están protegidos por la Constitución Política del Estado.
Entre sus principales exigencias, pidieron una investigación exhaustiva e independiente, garantías plenas de protección a los aportes y sanciones ejemplares para los responsables. Asimismo, Confesirmes se declaró en estado de emergencia nacional permanente en defensa de los recursos previsionales.
Mientras el Gobierno insiste en que heredó una situación financiera crítica y con procesos judiciales internacionales en curso, los sectores sociales, sindicales y de jubilados exigen pruebas, auditorías y transparencia para evitar que se instale el temor de un colapso del sistema de pensiones.
La polémica sobre la Gestora se convierte así en uno de los primeros grandes conflictos sociales de la nueva administración, con un impacto directo en millones de aportantes en todo el país.
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